Poder Legislativo: Pasado, Presente y Futuro

Momentos decisivos en la Historia del Congreso venezolano (1830-1999) 

Dr. Samuel Moncada 

 

Historiador, Director de la Escuela de Historia de la UCV

 

El primer Congreso de Venezuela

Los fundadores de la República de Venezuela fueron los primeros en Hispanoamérica en declarar su independencia del Imperio español. El motivo inicial no fue una queja particular contra la monarquía absoluta del Rey de España, por lo contrario, fue el derrocamiento del Rey español por parte de un Rey extranjero, Napoleón Bonaparte, quien impuso a su hermano como nuevo Rey de España en 1808.

La prisión del legítimo Rey de España, Fernando VII, cortó todos los lazos de protección que la monarquía ofrecía a sus súbditos y toda obligación de obediencia por parte de los gobernados. El dilema para los venezolanos era el de obedecer a un Rey francés ilegítimo o formar un gobierno propio. Los americanos esperaron más de 2 años (1808-1810) para tomar una decisión al respecto. Este retardo es muy significativo pues indicaba la confusión creada en las colonias. Los americanos tenían más de 300 años de tradición de obediencia a una monarquía que parecía eterna. Sin tradiciones parlamentarias, con una población formada mayoritariamente por pardos, negros libres, esclavos e indios, la minoría criolla había encontrado la garantía de su riqueza, prestigio y poder local en la obediencia de todos los súbditos al Rey. El Rey era la primera fuente de autoridad y orden social.

Ahora el Rey no estaba para garantizar el orden, los criollos americanos tenían que actuar y por fin, en 1810, se atrevieron a formar en Caracas una Junta Suprema de Gobierno Defensora de los Derechos del Rey Fernando VII. Era la primera vez que la élite de Caracas tenía en sus manos el poder de gobernarse a sí misma sin obedecer al Rey, aunque todavía usaran como excusa la conservación de los derechos del Rey español.

En 1811, la guerra de los españoles contra el Rey usurpador francés estaba a punto de perderse. Las esperanzas de un regreso de Fernando VII eran casi nulas. Así, el soberano Rey había perdido sus derechos y la soberanía regresaba al pueblo. Era el pueblo el que debía nombrar a sus propios gobernantes pues cualquier otra autoridad que no fuera el Rey era ilegítima. La Junta Suprema de Caracas convocó a la soberanía popular llamando a un Congreso de delegados de las provincias de Venezuela.

Como en los Estados Unidos, o en la Francia revolucionaria, el Congreso de los representantes del pueblo era la única institución legítima para nombrar a los gobernantes. El primer Congreso Nacional de las provincias de Venezuela, con poderes del pueblo soberano para formar gobierno propio, fue la institución más representativa y democrática de Venezuela hasta ese momento. Es cierto que la elección de sus miembros no fue tan transparente como en el primer Congreso Constituyente de la Unión norteamericana, es cierto que no votaron las mayorías, los no propietarios, los indios o los pardos, menos aun los esclavos, pero nunca antes un grupo de venezolanos se había reunido libremente para decidir los destinos de la nación. En el contexto de la época el Congreso de 1811 fue el más representativo de la voluntad popular, pues la otra alternativa era la monarquía absoluta.

El Congreso de 1811 decidió al declarar la independencia de las provincias de Venezuela, crear al mismo tiempo un Estado y una nación. Es obvio que la República no existía antes, pero los venezolanos tampoco se pensaban a sí mismos como una nación. Los habitantes de Venezuela eran miembros de distintas naciones españoles, indios, africanos, etc. Súbditos de un Imperio. Al declarar la Confederación de Provincias Unidas de Venezuela los miembros del Congreso se declararon en constituyentes de una nueva nacionalidad y no solo de un nuevo Estado. La constitución de la nación fue más que la máxima ley del territorio. Fue el instrumento de integración de pueblos y provincias en una entidad política y social.

Como depositarios de la soberanía popular los miembros del Congreso diseñaron las nuevas instituciones de gobierno. Al igual que sus pares de norteamérica los venezolanos sufrieron el temor a la tiranía del poder central por parte de las provincias, el temor a la tiranía del Poder Ejecutivo por parte del Congreso y el temor a la tiranía de las mayorías pobres y esclavas por parte de los propietarios. Los criollos propietarios eran una muy pequeña minoría rica y educada en Venezuela, ellos se veían a sí mismos como los portadores de la luz de la razón, de la virtud cívica y de la libertad en un medio acostumbrado a la esclavitud.

Las ideas liberales de la Ilustración, el ejemplo de la independencia de los Estados Unidos y de la Revolución francesa, los llevó a denunciar a la monarquía como forma de gobierno. Su propio discurso les impidió pensar en crear una monarquía absoluta o constitucional en Venezuela. Además ¿quién en Venezuela podía ser tan respetado y obedecido como el antiguo Rey? La monarquía, aún en su versión más liberal no era posible.

Ingenuamente, los primeros constituyentes creyeron que podían resolver sus problemas copiando las instituciones republicanas que los norteamericanos habían creado para resolver sus propios asuntos. Así, las provincias de Venezuela se unieron bajo un sistema federal de gobierno, con un gobierno central dividido en tres poderes. Con un Poder Legislativo bicameral de senadores y diputados elegidos en la misma forma que en los Estados Unidos y, aun peor, su temor a la tiranía del Poder Ejecutivo los llevó a diseñar una presidencia más débil que la norteamericana. El Poder Ejecutivo de 1811 no era unipersonal, estaba formado por tres personas que se rotaban periódicamente. En nuestra primera constitución no hay un perfecto equilibrio de poderes, la balanza se inclinaba claramente hacia la hegemonía del Congreso como el verdadero centro y garante de las libertades.

Los primeros constituyentes no abolieron la esclavitud pero sí abolieron el tráfico de esclavos. Abolieron los privilegios o fueros de los representantes de la Iglesia, aunque declararon a la fe católica como la religión única oficial.

No creyeron ejércitos profesionales pues pensaron que estos eran una amenaza a la libertad personal y a la propiedad privada, ya que mantener un ejército era costoso y obligaba al Estado a aumentar los impuestos a los ciudadanos. La República debía ser defendida por la virtud de sus ciudadanos armados en milicias al igual que en los Estados Unidos.

Un último aspecto de la Constitución de 1811 es que los congresantes dispusieron que el texto final debía ser presentado a las provincias para ser ratificado por el pueblo. Esta disposición, similar a la de la constitución de los Estados Unidos no pudo cumplirse por los efectos de la guerra, pero es importante destacar que ninguna otra constitución venezolana fue ratificada por el pueblo hasta el año 1999.

La Constitución de 1811 nunca llegó a ser aplicada. Al año siguiente la primera República se perdió en las manos del jefe realista Monteverde. Sin embargo, su texto indica la concepción inicial de los fundadores de la nación. En la primera República el Congreso fue el actor fundamental ya sea tanto en la legítima creación del nuevo Estado como en la rectoría del poder republicano.

Los congresantes de 1811 creyeron que la virtud de su República era tan obvia que todos los habitantes correrían a unirse al nuevo Estado. Estaban equivocados. Desde 1810 las provincias de Maracaibo, Coro y Guayana se negaron a enviar delegados al Congreso y declararon su lealtad al Rey prisionero. Para ellos los congresantes de 1811 eran unos traidores al Rey. Los conflictos entre provincias fueron un factor fundamental en el fracaso.

Los mantuanos de Coro, por ejemplo, pensaban que ellos tenían derechos superiores sobre Caracas por haber sido la primera capital de la provincia de Venezuela en los inicios de la Colonia. Coro aceptó el poder de Caracas porque así lo había ordenado el Rey, pero ahora que no había Rey ¿porqué los coreanos tenían que obedecer a los caraqueños o a los valencianos?

Los españoles y canarios en Venezuela también consideraron al Congreso como acto de traición. A los pocos días de la declaración de independencia, el 5 de julio de 1811, Valencia se rebeló contra el Congreso, Coro declaró la guerra contra Caracas y los españoles y canarios alentaron a los esclavos de Barlovento para rebelarse contra sus amos los criollos caraqueños.

La Constitución norteamericana de 1787 fue un acto unificador de 13 estados libres 3 años después de ganar una guerra contra la monarquía inglesa. La constitución venezolana de 1811 unió a 7 provincias libres pero las enfrentó a 3 provincias realistas. Dividió a los criollos, dividió a los españoles criollos, dividió a los amos de los esclavos. El Congreso de 1811 inició la guerra. Este hecho central explica el fracaso de la primera República, el consenso entre las élites no existía y la guerra, no la negociación, decidió las diferencias.

La debilidad del Congreso en la conducción de la guerra, la debilidad de un Poder Ejecutivo formado por un triunvirato, y la renuncia de las provincias a contribuir con los costos humanos y materiales de la guerra, terminó de decidir el fin de la primera República. En 1812, el Congreso no existía y la mayoría de sus miembros estaban presos, exiliados o muertos.

El 15 de diciembre de 1812, Simón Bolívar se encuentra en Cartagena refugiado luego de la pérdida de la primera República. En su famoso manifiesto citó entre una de las causas de la derrota el siguiente:

"Los códigos que consultaban nuestros magistrados, no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del Gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes; filantropía por legislación, dialéctica por táctica, y sofistas por soldados. Con semejante subversión de principios, y de cosas, el orden social se resistió extremadamente conmovido, desde luego corrió el Estado a pasos agigantados a una disolución universal, que bien pronto se vio realizada".

Los Congresos no eran el mejor órgano de gobierno para dirigir una guerra larga y cruel. La dictadura de emergencia para salvar a la República era a veces necesaria, así lo habían entendido los antiguos romanos, pero como veremos para los venezolanos aún las dictaduras mejor intencionadas eran demasiado parecidas a la tiranía. Para ellos la única República legítima es aquella donde existe un Congreso representado la soberanía popular.


Una República sin Congreso

Lo que se conoce en nuestra historia como la segunda República, es el período entre 1813-1814, donde Simón Bolívar regresa a Venezuela y reconquista Caracas. Estos fueron los años de la "Guerra a Muerte" y el fragor de la lucha no permitió la formación de un Congreso. Simón Bolívar ejerció el poder supremo, es decir la dictadura republicana, amparado en su nombramiento como Brigadier General del Ejército Libertador por el Congreso de la Nueva Granada. En 1813, a su entrada a Caracas es recibido por la municipalidad y el pueblo que le otorgan el título de Libertador. Sin embargo, la Asamblea Municipal Caraqueña no fue un Congreso y Bolívar justificó su dictadura por las extremas circunstancias de la guerra que exigían el mando único y la acción rápida y decisiva para salvar la patria.

Durante la segunda República la autoridad de Bolívar fue desconocida en muchas ocasiones por los jefes militares republicanos de otras provincias. Para ellos sin Congreso legítimo que nombrara un jefe militar la autoridad de Bolívar era tiránica. El general Santiago Mariño, el Libertador de Oriente, no reconoce a la Asamblea Municipal de Caracas la soberanía propia de un Congreso. La unidad política de los ejércitos de Bolívar y Mariño no puede lograrse.

A finales del año 1814, la autoridad de Bolívar y Mariño es desconocida por otros jefes republicanos. Los jefes militares provinciales podían ser caudillos celosos de perder su influencia pero, sin un poder legítimo como el del Congreso, encontraban la excusa perfecta para desconocer la autoridad militar de Caracas o Cumaná. La segunda República se perdió en medio de la anarquía de las tropas republicanas bajo el inclemente ataque de las fuerzas realistas de Boves y Morales. 

La marcha de guerra hacia el Congreso

Es impresionante constatar como aún en las peores circunstancias de la guerra, los generales republicanos se preocupan por la formación de un Congreso. Y es que sin el Congreso no hay autoridad legítima, lo más cercano es una tiranía elegida por el pueblo, lo cual puede ser democrático, pero no es republicano. Durante estos años surgen los Congresos armados o compuestos fundamentalmente por militares debido a que la República se ve reducida a un ejército marchando de batalla en batalla.

Cuando Simón Bolívar reinicia la guerra en Venezuela en 1816, su primera preocupación es organizar una Asamblea en Santa Ana del Norte, en Margarita, que ratifique su autoridad militar. En su segunda expedición de los Cayos, el 28 de diciembre de 1816, Bolívar promete de nuevo en Margarita su intención de convocar a un Congreso Nacional tan pronto las circunstancias lo permitieran en tierra firme.

El retardo en convocar al soberano lleva al resto de los jefes republicanos a llamar a un Congreso aparte en Cariaco en 1817. A pesar de que este Congreso no tuvo efectos prácticos es importante señalar que intentó restaurar la Constitución de 1811 y nombro a Simón Bolívar, Francisco Javier Mayz y Fernando Rodríguez del Toro como nuevos triunviros del Poder Ejecutivo. Todavía persistía el temor a la tiranía de un poder ejecutivo unipersonal.

La necesaria estabilidad para convocar un Congreso fue alcanzada con la toma de Guayana por las fuerzas republicanas en 1817. Simón Bolívar organiza un Poder Ejecutivo en Angostura con un Consejo de Estado formado por tres secciones: Estado y Hacienda; Marina y Guerra; e Interiores y Justicia. En octubre de 1818, Bolívar informa su propósito de convocar a un Congreso para legitimar la República. Este fue el Congreso de Angostura.

Para la República en armas el Congreso era necesario para consolidar la autoridad militar, pero también para iniciar relaciones con otros Estados del mundo y para solicitar préstamos vitales para la guerra. Era muy difícil para las potencias extranjeras reconocer a una nación independiente si esta sólo tenía como Estado a un Poder Ejecutivo. Igual ocurría con los prestamistas, sin la aprobación de un Congreso las deudas contraídas por el Poder Ejecutivo no obligaban a la nación a pagarlas.

En Angostura, Simón Bolívar, tiene al fin la oportunidad de renunciar a la jefatura suprema, a la dictadura, sometiéndose al poder del Congreso. Sus famosas palabras: "Dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando ha convocado a la soberanía nacional que ejerza su voluntad absoluta", resume la importancia del Congreso.

El discurso de Angostura es uno de los eventos más resaltantes de esta constituyente. El Libertador hace, en uno de los discursos más lúcidos de nuestra historia, una crítica profunda a la Constitución de 1811. La debilidad del sistema federal de gobierno, del triunvirato ejecutivo y de la misma Cámara de senadores fueron causas de la pérdida de la primera República. Bolívar pide un diseño republicano más adaptado a los problemas venezolanos: un pueblo acostumbrado a la servidumbre al Rey, sin virtud cívica para ejercer la libertad y lleno de conflictos regionales.

La solución es un sistema unitario centralizado de gobierno; un poderoso Poder Ejecutivo capaz de ganar la guerra y controlar las facciones anárquicas; un senado hereditario compuestos por patricios virtuosos educados especialmente para la función pública; por último un Poder Moral que vigile los excesos de las mayorías y premie a los ciudadanos ejemplares de la nación.

El modelo aristocrático de la República propuesto en Angostura no fue aceptado por los constituyentes, quienes a pesar de ser militares electos de las filas del ejército libertador, contaron con la suficiente autonomía para rechazar el Poder Moral o el senado hereditario.

La guerra, sin embargo, había obligado a los republicanos a aceptar la existencia de un poderoso ejecutivo y de una República centralista. La unión más férrea posible era la única vía para ganar la larga lucha por la independencia. Así, en 1819 el Libertador fue nombrado presidente único de la República de Venezuela.

El Congreso de Angostura fue, en diciembre de 1819, siguiendo la proposición de Bolívar, el creador de la República de Colombia. 

Bolívar y los Congresos colombianos

La relación del Libertador con los Congresos de la Gran Colombia fue tormentosa. La fuerza de la presidencia bolivariana se lanzaba a la acción permanente y enérgica, la expansión del campo de batalla y de la República. Los Congresos sentían que las demandas del presidente Bolívar agotaban los recursos de la nación y necesitaban ser moderadas. Mientras Bolívar empujaba audazmente el esfuerzo de guerra los Congresos pedían prudencia en los planes de gobierno, deliberación previa de las acciones del ejecutivo y discreción en la exigencia de recursos materiales. La tensión entre el poderoso ejecutivo y el lento Congreso produjo crisis recurrentes entre los dos poderes.

El Libertador presentó su renuncia a la presidencia de la República ante el presidente del Congreso Constituyente que iba a realizarse en Cúcuta en 1821. El Congreso de Cúcuta no aceptó la dimisión y lo ratificó en el cargo. Este mismo Congreso le otorgó facultades extraordinarias para continuar la campaña militar en el sur de la Nueva Granada y Quito. Sin embargo, en 1824, cuando Bolívar se encuentra en plena campaña militar en el Perú el Congreso con sede en Bogotá le suspende sus facultades extraordinarias y el mando del ejército libertador.

Con la victoria en la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824, Bolívar envía su renuncia a la presidencia de la República al Senado colombiano, esta no le es admitida y en su ausencia se realizan elecciones donde queda electo presidente de Colombia por mayoría de votos de los colegios electorales.

A partir de 1825 la guerra independentista termina y los conflictos de Bolívar con el Congreso cambian de naturaleza. Ahora surgen las facciones políticas en Bogotá, dirigidas por el vicepresidente Santander, y en Venezuela comandadas por José Antonio Páez. Las dos se oponen al mandato del Libertador y amenazan con la división de Colombia.

A pesar de haber enfrentado muchos desacatos a su autoridad en el pasado, la situación posterior a 1825 es distinta porque son conflictos por la autoridad política en tiempos de paz. Luego de tantos años de guerra contra los enemigos realistas parecía cruel que los vencedores se enfrentaran entre sí. La idea de facciones o partidos se pensaba como un atentado contra la unidad republicana, pues los presidentes debían estar por arriba de los pequeños conflictos faccionales y los congresantes debían tomar sus decisiones atendiendo al bienestar de la nación y no de intereses grupales.

El principal objetivo de Bolívar desde 1825 hasta su muerte en 1830 es el de salvar a Colombia de la anarquía producida por el faccionalismo.

El intento separatista de Páez en 1826, impulsó al Congreso de Bogotá a otorgar facultades extraordinarias a Bolívar. Una vez reconocida la autoridad del presidente por Páez en Caracas, en 1827, el Libertador envía su renuncia a la presidencia de la República al Congreso de Bogotá, este Congreso la rechaza y llama a Bolívar para que regrese como presidente.

Los conflictos entre las facciones santanderistas y bolivarianas aumentaron en 1827-28 en Bogotá obligando al Congreso y al presidente a convocar una Convención Constitucional en Ocaña, en 1828, para reformar la Constitución de Cúcuta de 1821. En esta convención los santanderistas exigen el regreso a un sistema federal de gobierno y la disminución del poder del presidente de la República. Los bolivarianos creen que la salvación de Colombia está en un mayor centralismo y poderes extraordinarios para el presidente. Los santanderistas acusan a los bolivarianos de tiránicos y estos contraatacan acusando a sus adversarios de divisionistas y propagadores de la anarquía. Los conflictos personales entre los líderes así como las oposiciones ideológicas entre centralismo y federalismo terminaban en las tensiones cada vez mayores entre el presidente y el Congreso.

La Convención de Ocaña fue disuelta en 1828 y Bolívar regresa a Bogotá asumiendo el Poder Ejecutivo en carácter de emergencia. Se trataba de la dictadura republicana para salvar a la patria, pero los enemigos de Bolívar sólo entendieron que se cumplían sus mayores temores. El exceso del poder del presidente desconocía la autoridad del Congreso y se convertía en tiranía.

Fue durante estos días de septiembre de 1828 cuando los enemigos del Libertador justificaron el intento de asesinato con la excusa de la defensa de la libertad, de la misma manera en que los senadores de la antigua Roma Cayo Casio y Marco Antonio Brutu asesinaron a Julio Cesar.

Bolívar convoca a un nuevo Congreso Constituyente en Bogotá en enero de 1830, en el cual declara que la República esta amenazada de muerte. Ya en esos días el general Páez convoca a un Congreso separatista en Venezuela para terminar definitivamente con el proyecto colombiano. En abril de 1830, Bolívar presenta su renuncia irrevocable a la presidencia de Colombia y nunca más volvería a ejercer el mando, a pesar de que, en septiembre, muchas poblaciones de Nueva Granada y Ecuador le piden que regrese al poder para salvar a Colombia. Cuando Bolívar muere en diciembre de 1830, la República de Venezuela ya se había separado definitivamente de la Colombia.

A pesar de que Bolívar era partidario de una presidencia poderosa y de una República centralista, durante toda su vida el Libertador fue un partidario de la necesidad de un Congreso fuerte y legítimo que representara la soberanía popular. Los Congresos colombianos que compartieron el poder con el Libertador no fueron serviles, desde el Congreso del Angostura en 1819 hasta el Congreso de 1830 aceptaron la presidencia de Bolívar pero al mismo tiempo negaron muchas de sus propuestas legislativas, criticaron muchas de sus políticas y en general cumplieron su rol de equilibrio. Si el Congreso de 1811 inclinó el peso en el Poder Legislativo, el Libertador lo hizo hacia el Ejecutivo, pero en ambos casos las dos fuerzas se esforzaron por evitar la tiranía. La prueba final de la falta de ambiciones personales del Libertador fue su última y voluntaria renuncia al poder en 1830. 

Un Congreso bajo la sombra de un caudillo

El faccionalismo venezolano en la República de Colombia en 1830 tenía como banderas el odio a la persona de Simón Bolívar, el rechazo al gobierno central de Bogotá y el apoyo a la personalidad del general Páez. Estas tres consignas amparaban los intereses de las élites comerciales, terratenientes y esclavistas que buscaban su plena independencia de acción.

Venezuela en 1830 era un gran campamento militar. Sólo la figura del general Páez, gran héroe de la independencia, era lo suficientemente respetada para imponer el orden. La alianza entre las élites civiles y los militares paecistas dominó sobre los restos de los partidarios de Bolívar y los militares caudillistas del interior.

Si la enérgica presencia de Bolívar en la presidencia de Colombia fue rechazada por venezolanos y neogranadinos como una amenaza a la libertad, en la Venezuela de 1830 la presencia de Páez como el "hombre fuerte" o gran caudillo militar era saludada por las élites venezolanas como una garantía del orden. La situación había cambiado mucho en comparación con 1811.

La separación de Venezuela de la Gran Colombia puede ser vista como un acto faccioso de traición a la República o como un acto patriótico de fundación de la actual Venezuela. Pero el hecho cierto es que esta cuarta República de Venezuela sólo pudo nacer por la protección armada de un caudillo. Ya no se trata del pueblo soberano defendiendo sus libertades sino de un grupo oligárquico enfrentándose constantemente a otros caudillos militares regionales del interior venezolano. En conflicto con otras facciones de la élite económica e intelectual que se oponían a su proyecto de República. Defendiendo permanentemente del prestigio militar de Páez. Estas condiciones de la realidad no permitirían un equilibrio de poderes entre el Congreso y Poder Ejecutivo, a pesar de lo que afirmara el texto constitucional.

El general Páez fue el hombre fuerte de Venezuela entre 1830-1848 sin importar si ocupaba la presidencia o no. La alianza entre los civiles "godos", así llamados porque algunos de ellos pertenecieron al bando realista durante la independencia, y los militares paecistas permitiría un largo período de relativa estabilidad política conocida como el período de la oligarquía conservadora.

El Congreso durante este período (1830-1848) no fue tan servil como la hegemonía de Páez pareciera indicar. Los miembros de la oligarquía que permanecieran fieles al general Páez se beneficiaron de su protección y llegaron a demostrar gran autonomía de acción dentro de los límites del paecismo.

Fuera del paecismo había poco espacio político en el Congreso. Del mismo modo el apoyo del Congreso a Páez fue usado por este como símbolo de la existencia de un gobierno popular, representativo, responsable y alternativo, es decir, de un sistema republicano legítimo.

Desde el mismo año 1830 las rebeliones contra el Congreso se manifestaron en Venezuela. Es importante observar que en muchos casos los insurrectos no se oponían al general Páez personalmente sino al Congreso godo.

La más importante de las rebeliones fue la "Revolución de las Reformas" la cual consistió en la insurrección armada de importantes próceres militares de la independencia contra la elección del doctor José María Vargas a la presidencia de la República en 1834. El doctor Vargas fue llevado al poder por los miembros "civilistas" del Congreso que pensaban llegada la hora de disminuir el peso de los militares en el gobierno. El candidato del general Páez a la presidencia era el general Carlos Soublette, sin embargo, el Congreso ignoró al candidato de Páez. Este hecho demuestra la autonomía del Congreso sin exceder el límite de agredir al general Paéz, quien aceptó la presidencia del doctor Vargas.

Los partidarios del militarismo ya habían acumulado una larga cadena de agravios por parte del Congreso. La eliminación del fuero militar y del fuero religioso por parte de la Constitución de 1830, fue vista como un ataque a los privilegios que ellos creían merecer por haber luchado en la independencia. El sistema de gobierno "mixto" centro-federal fue visto por los caudillos regionales como una manera de imponer la hegemonía de la oligarquía de Caracas y Valencia contra el resto del país. El regreso de los godos para recuperar propiedades que habían sido entregadas en pago por servicio militar a muchos oficiales fue otra afrenta para los reformistas. Pero el colmo fue la decisión del Congreso de nombrar a un civil en la presidencia.

Los reformistas exigieron la restitución de los fueros militares y religiosos (los cuales eran privilegios contrarios a la igualdad republicana), el regreso a un sistema de gobierno federal, y la expulsión de los civiles del Congreso y de la presidencia para que estos cargos llegaran a manos de los "fundadores de la libertad" es decir los militares.

La revolución de las reformas fue una insurrección contra el Congreso y sólo fue derrotada tras dos años de combates dirigidos personalmente por el general Páez. El Congreso se salvó por la protección del caudillo pero la experiencia de un gobierno civil demostró los límites de la autonomía del Congreso en un país donde los caudillos militares ejercían una enorme influencia política.

Durante sus 18 años de vigencia, el Congreso conservador desarrolló una enérgica actividad legislativa que ayudó a consolidar una estable administración pública. El poder hegemónico de Páez no significó una dictadura sino la creación de un espacio de acción para que el Congreso construyera las instituciones republicanas y defendiera los intereses de clases de sus miembros.
La muerte del Congreso

Los 18 años de "independencia protegida" del Poder Legislativo conservador llegaron a su fin en 1848. Ya desde 1840 los sectores de la oligarquía terrateniente y de intelectuales urbanos habían creado el primer partido ideológico de Venezuela: el partido liberal. Los liberales al mando de hombres como Antonio Leocadio Guzmán y Tomás Lander iniciaron sus ataques políticos contra la oligarquía conservadora, la cual no tenía un partido organizado pero su núcleo de acción se encontraba en el Congreso Nacional. Leyes aprobadas por los conservadores como la Ley de libertad de Contratos de 1834, permitían a los prestamistas cobrar intereses sin límites a los terratenientes y ejecutar las propiedades hipotecadas sin posibilidad de prórroga en los plazos de pago al deudor.

En los años 40, cuando la situación económica de los terratenientes empeoró por la caída de los precios de sus productos en los mercados internacionales, una ola de embargos de propiedades a deudores morosos azotó a los productores del campo. La agitación de los liberales levantó una serie de insurrecciones en el campo venezolano que sólo pudieron ser aplacadas por el general Páez.

En 1847, Paéz apoyó la llegada a la presidencia del general José Tadeo Monagas pensando que era leal a su persona y a la causa conservadora. Ya en el poder el general Monagas comenzó a acercarse a los líderes del partido liberal para escapar de la influencia de Páez y el Congreso conservador. Las diferencias entre Páez y Monagas se ampliaron hasta llegar al enfrentamiento directo entre el presidente Monagas y del Congreso. Una cadena de acusaciones conservadoras contra Monagas y de represalias políticas de los liberales monaguistas contra los conservadores enervó las pasiones partidistas a un punto de no retorno.

El Congreso conservador se decidió a destituir al presidente Monagas acusándolo de violar varios artículos de la constitución. El enjuiciamiento del presidente era la mayor demostración posible del poder autónomo del Congreso. El 24 de enero de 1848, cuando ya era segura la destitución del presidente, unas turbas liberales atacaron la sede del Congreso asesinando a varios miembros de la seguridad interna, de ciudadanos conservadores y de algunos congresantes.

Las turbas no fueron ordenadas por el presidente Monagas pero si actuaron en su apoyo. El resultado del asalto fue la disolución del Congreso conservador. El presidente Monagas evitó la dictadura abierta convocando al Congreso con los delegados que apoyaban su gobierno.

Los congresantes conservadores se negaron a participar en la farsa del Congreso monaguista. Entre ellos fue famoso Fermín Toro, un brillante intelectual conservador, quien rechazó la convocatoria al Congreso de Monagas para impedir que se rompiera el "hilo constitucional" con estas palabras:

"Díganle al general Monagas que podrá pasar por encima de mi cadáver pero que Fermín Toro no se prostituye".

El asalto de 1848 significó el desplome del poder moral y político del Congreso. El nuevo Congreso monaguista sería una institución sin siquiera la "independencia protegida" del Congreso conservador, sería un Congreso abiertamente servil a la voluntad dictatorial del presidente.

La humillación al Congreso conservador fue ampliada a la institución del Congreso republicano en general, cuando en 1849, los liberales del Congreso monaguista declararon el 24 de enero, día del asalto, un día de fiesta nacional.

El general Páez, el gran protector del Congreso, se rebeló contra el gobierno de Monagas en febrero del mismo año 1848, pero fue derrotado en la batalla de los Araguatos. Al año siguiente, intentó invadir Venezuela desde Curazao, fue nuevamente derrotado, hecho prisionero, vejado públicamente y enviado al exilio.

El asalto al Congreso de 1848 significó el fin de la hegemonía caudillista de Páez, el fin del predominio de la oligarquía conservadora y lo que más importa en nuestro caso: el fin de la existencia del Congreso como un Poder Público autónomo.
100 años de receso del Poder Legislativo

Desde 1848 hasta 1947 el Congreso perdió su esencia popular, representativa, deliberante e independiente.

El consenso político necesario para garantizar la existencia moderadora del Congreso desapareció en medio de las guerras civiles, las luchas caudillescas, las continuas crisis políticas, los cambios recurrentes en la definición de los estados de la República, y las dictaduras.

La política armada y predadora donde los adversarios del gobierno eran encarcelados, exiliados o asesinados sólo permitió la existencia de Congresos serviles al "Hombre fuerte" de turno.

Es cierto que durante estos 100 años hubo muchos, quizás demasiados, Congresos Constituyentes y Congresos Nacionales, pero estas instituciones degeneraron ya sea en Asambleas celebratorias de la derrota violenta de un gobierno, o Asambleas consagratorias de la victoria armada de un grupo, o peor aún, Asambleas adoratorias del poder armado de un hombre.

En este contexto lo resaltante es la persistencia de los gobernantes en mantener las apariencias republicanas. Aquí encontramos un aspecto muy importante del sistema presidencialista en la realidad venezolana. No es el presidencialismo el que produce las dictaduras, estas surgen por causas enraizadas en nuestra cultura política y en nuestras desigualdades sociales y económicas, pero el presidencialismo republicano sirve para disimular y ocultar a los dictadores bajo formas constitucionales. La diferencia entre un presidente democrático y republicano y un dictador no reside tanto en la extensión de sus poderes constitucionales sino en el uso que hacen de ellos. Los dictadores usan su poder arbitrariamente, adaptando las leyes a sus deseos sin necesidad de violarlas abiertamente, los presidentes que respetan la constitución no. Los dos pueden ser autoritarios pero sólo el dictador lo es.

Así, los dictadores pueden tener congresos que sólo aprueban sus leyes, congresos que no debaten sus políticas, congresos que otorgan poderes extraordinarios sin romper el "hilo constitucional". Por esta razón los más crueles dictadores venezolanos necesitan de la apariencia republicana de un Congreso. El presidencialismo no es la causa pero si puede ser el disfraz de las dictaduras.

Si los primeros republicanos de 1811 juzgaban que la inexistencia de un Congreso significaba la dictadura, vemos como los dictadores aprendieron a guardar las apariencias. En el siglo XX no es la existencia sino la autonomía y capacidad moderadora del Poder Legislativo lo que revela el gobierno republicano, aun sin existir un perfecto equilibrio de poderes. 

El despertar del Poder Legislativo

Las primeras señales del renacer del Congreso aparecen con la muerte del general Juan Vicente Gómez en diciembre de 1935. En 1936, Venezuela vio nacer un tipo de actividad política distinta a la política armada de los caudillos del siglo XIX. Las masas urbanas tomaron las calles sin armas y guiadas por jóvenes políticos organizados en partidos ideológicos modernos, exigieron pacífica pero enérgicamente, democracia.

El voto universal, directo y secreto para mujeres y hombres, la libertad de opinión, la libertad de organización y el derecho a la participación fueron las consignas de una nueva opinión pública que rechazaba toda política armada y gobierno dictatorial. Estas fueron las primeras condiciones que permitían pensar en un congreso democrático.

Los movimientos políticos de 1936 exigieron la clausura del congreso gomecista heredado de la dictadura. El sucesor del general Gómez, general López Contreras, usó en la clásica tradición dictatorial al Congreso ilegítimo para asumir la presidencia constitucional de la República. La excusa de los partidarios del gobierno fue que el llamado a elecciones de un Parlamento rompería el "hilo constitucional" y debería aceptarse que el se reformara por su propia cuenta. Lo cierto era que el desconocimiento del Congreso implicaba desconocer su facultad para nombrar a López Contreras presidente.

El gobierno maniobró las presiones populares con una mezcla de apertura política gradual y clara represión al movimiento democrático.

El Congreso reformó la constitución, prorrogó su propio mandato y ordenó la renovación parcial de las Cámaras con elecciones a finales de 1936. Al mismo tiempo el gobierno ilegalizó a los partidos políticos democráticos acusándolos de ser partidarios del comunismo, ideología prohibida por la constitución. En 1937, los líderes democráticos fueron enviados al exilio. A varios diputados y senadores que llegaron al Congreso por las elecciones de segundo grado les fueron desconocidas sus credenciales, con el argumento de que iban a usar la inmunidad parlamentaria para propagar el comunismo. Sólo un pequeño grupo pudo acceder al Congreso como la primera bancada de oposición.

El Congreso de general López Contreras no fue democrático pero toleró la participación de una minoría (no más del 5% de los congresantes) opositora y de los nuevos partidos políticos que apoyaban al gobierno. La presencia opositora fue simbólica pero inició la presencia crítica en el Congreso del siglo XX, así como el uso de la opinión pública para agitar el debate parlamentario.

La mayoría lopecista en el Congreso eligió al general Isaías Medina presidente de la República en 1941. El gobierno del general Medina fue uno de los más tolerantes del siglo XX venezolano, abrió los espacios para la presencia de los nuevos movimientos políticos, no tuvo perseguidos políticos y permitió una total libertad de prensa. El régimen no podía catalogarse como una democracia por su restricción electoral pero sí como un gobierno de amplias libertades públicas. Esas libertades fueron las que permitieron a minorías partidistas acceder al Congreso y usar la institución en sus funciones deliberantes y críticas de la acción del Poder Ejecutivo.

Paradojicamente el liberal, que no democrático, gobierno del general Medina fue derrocado violentamente por un grupo de jóvenes militares aliados con un partido político moderno: "Acción Democrática".

Repitiendo los usos de los caudillos tradicionales los golpistas derrocaron al gobierno, exiliaron a sus líderes y declararon ilegales sus organizaciones políticas. Repitiendo los usos del pasado el nuevo gobierno convocó a una Asamblea Constituyente para legitimar su poder. Pero en una extraña combinación de usos del pasado y del presente, el nuevo gobierno convocó en 1946 a la primera Asamblea electa por voto universal, directo y secreto para todos los mayores de 18 años. 

 

La Asamblea Constituyente de 1947 fue la primera que: 

1. Fue electa por la mayoría de la población venezolana.
2. Fue compuesta exclusivamente por miembros de partidos políticos modernos.
3. Usó el sistema de representación proporcional de las minorías.
4. Permitió la actividad de miembros del partido comunista en un Poder Público.
5. Incorporó derechos sociales a la constitución.
6. Transmitió sus debates por radio a todo el país.

Sobre todo, la Asamblea Constituyente de 1947 fue la que inició el sistema de democracia de partidos en Venezuela. Los partidos políticos venezolanos fuertemente centralizados se convirtieron en los electores primarios de todos los cargos sometidos a elección popular. Los líderes de los partidos verticalmente disciplinados se convirtieron en los grandes decisores del Congreso a través del voto de sus fracciones parlamentarias.

Al concentrar las decisiones en la cúpula del partido el sistema bicameral del Congreso pierde sentido pues a la función de moderación mutua y negociación que supone la división de Cámaras entre senadores y diputados, se le impone la línea común partidista. Igual ocurre con el sistema de representación territorial y federal, los miembros del Congreso son en primer lugar representantes de su partido y luego de sus regiones.

En la democracia de partidos el lugar principal de negociación no es el Congreso, allí se va sólo a refrendar lo negociado previamente por los líderes de los partidos. De igual modo los actores principales del Congreso no son los diputados o senadores sino una minoría parlamentaria: los jefes de las fracciones del Congreso y los jefes nacionales del partido.

Una de las mayores críticas que todavía se le hacen a los parlamentarios del período 1946-1948, fue el excesivo uso que hicieron de sus ventajas electorales. Los representantes de AD en la Asamblea Constituyente y en el Congreso de 1948, fueron acusados de sectarismo y agresividad innecesaria contra las fuerzas minoritarias de la oposición. El resultado fue la alienación de URD y COPEI del nuevo sistema político, al extremo de llegar a justificar el golpe militar de 1948 contra el régimen democrático. Tanto el sectarismo de AD como los excesos oposicionistas de URD y COPEI serían lamentados por todos en los años que siguieron. Esta lección de nuestra historia sigue vigente.

A pesar de todas las críticas aquí expuestas la democracia de partidos y su Congreso representaron en 1947 un enorme avance democrático. El Congreso dominado por Acción Democrática creó, luego de 100 años; el espacio de debate y crítica para oposición al gobierno.

La Asamblea de 1947 y el Congreso Nacional de 1948 fueron el primer experimento, muy corto, de actividad parlamentaria plena. El derrocamiento del presidente Rómulo Gallegos por parte de los antiguos aliados de Acción Democrática significó un retroceso a la dictadura plena de una Junta Militar que suspendió la existencia misma del Congreso por 4 años, y luego, recogió la tradición de los Congresos serviles de las dictaduras del siglo XIX y comienzos del XX. 

Auge, consolidación y decadencia del Congreso bipartidista (1958-1999)

La democracia de partidos estrenada en 1946 y derrocada en 1948, renació en 1958 con el fin de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. El regreso a las elecciones universales, directas y secretas fue apoyado con entusiasmo por las grandes mayorías nacionales. Se iniciaba así una oportunidad de oro para reconstruir la República sobre las bases más democráticas de toda su historia. Los partidos políticos y sus líderes fueron los actores estelares de la expansión democrática venezolana. La experiencia del conflicto entre partidos que los llevó a todos a sufrir diez años de dictadura, más los peligros de nuevos golpes militares en 1958, llevó a los líderes partidistas a firmar un pacto de defensa de la democracia, mejor conocido como el pacto de Punto Fijo. En él los partidos acordaron reducir el conflicto político, respetar los resultados electorales, apoyar un programa mínimo común y compartir el gobierno con los perdedores firmantes del pacto. AD, COPEI y URD fueron los partidos pactantes, dejando fuera al PCV. El Pacto de Punto Fijo fue en su origen un magnífico acuerdo para civilizar la política y estabilizar la democracia. Si bien es cierto que en 1960 URD rompió el pacto y se retiró del gobierno, los efectos de este acuerdo pueden interpretarse como más duraderos, y de mayor alcance, que el de un simple arreglo partidista para gobernar por cinco años.

En su sentido más general, el Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo entre Acción Democrática y COPEI apoyado por los sindicatos, los militares, los empresarios y la Iglesia para sostener el sistema democrático de partidos. El pacto fue un marco de distribución de cuotas de poder del Estado entre los partidos y los factores de poder de la sociedad, usando un sistema de competencia electoral limitante de los excesos conflictivos.

En el nuevo sistema político los dos más importantes centros de poder fueron la Presidencia de la República y las cúpulas de AD y COPEI. El poder legislativo fue usado como un poder secundario donde los partidos ponen en práctica sus acuerdos previos.

En el sistema político creado por el Pacto de Punto Fijo la independencia y libertad de acción es de los partidos no del Congreso. Este es el lugar donde se expresa la acción partidista. Los partidos AD y COPEI no creyeron en el equilibrio de poderes entre el presidente y el Congreso, el sistema electoral fue diseñado para producir el predominio presidencial y partidista.

Así, las elecciones presidenciales y legislativas fueron realizadas en las mismas fechas poniendo énfasis en la candidatura del presidente y del partido, no del Congreso. Las tarjetas electorales para elegir al Presidente eran más grandes que para elegir a los congresantes. Desde 1958 hasta 1978, los votantes usaron una misma tarjeta pequeña para elegir senadores, diputados, diputados a las asambleas legislativas estadales y concejales. Todos en una tarjeta. El mensaje electoral era claro, el presidente y el partido eran mucho más importantes que el poder legislativo, pues un senador y un concejal eran elegidos con el mismo y único voto.

Del mismo modo los congresantes eran elegidos por una lista presentada por el partido sin posibilidad de conocer su identidad individual. Otra vez, el mensaje era que el partido era el elegido y no el congresante.

Sólo en 1979 se separaron las elecciones municipales de las legislativas, sólo en 1993 se permitió el voto mixto por lista y uninominal, y sólo en 1998 se separaron las elecciones del Congreso de las elecciones presidenciales.

Es cierto que el presidente de la República y el Congreso no tienen porqué tener poderes exactamente iguales y es también cierto que el predominio presidencial es una tradición política en Venezuela. Pero lo que es importante señalar es que el sistema electoral creado en Punto Fijo deliberadamente disminuyó la importancia del Congreso en la percepción del elector.

Con las limitaciones impuestas por los partidos al Congreso desde 1947, y las añadidas por el Pacto de Punto Fijo en 1958, el Congreso democrático funcionó como el lugar de realización de los pactos de AD y COPEI, el espacio de negociación de AD o COPEI cuando les tocaba el turno de ser oposición, y por último, el espacio legal de crítica, agitación, propaganda y supervivencia de los partidos minoritarios, los cuales muy pocas veces tuvieron influencia en las decisiones fundamentales del Congreso.

El parlamento del período 1958-1999 puede claramente definirse como un Congreso de hegemonía bipartidista de AD y COPEI, partidos que sumados nunca perdieron el control absoluto del Congreso. En un sentido más específico al mismo período puede llamarse el Congreso de AD, pues esta organización nunca dejó de tener la mayor participación partidista. En el sistema político AD fue la columna central estabilizadora del régimen y COPEI funcionó como apoyo imprescindible, pero en una menor proporción que la de AD. Así como hoy llamamos a los años 1830-1848 el período de la hegemonía conservadora. Quizás en el futuro los historiadores llamen a los años 1958-1999 el período de la hegemonía adeca. Sólo quizás.

La debilidad relativa del Congreso frente al dominio del Poder Ejecutivo y la influencia de AD y COPEI no debe confundirse con la ausencia de democracia. En general, el período 1958-2000 puede verse como el más largo tiempo de estabilidad política y ejercicio democrático en toda la historia de Venezuela. La explicación a su fin debe encontrarse en un proceso de varias etapas de auge, consolidación y decadencia donde lo que comenzó siendo un verdadero avance democrático en los primeros años, terminó frenando las crecientes aspiraciones democráticas de los venezolanos. La democracia, vista como un proceso de permanente expansión de la participación popular en las decisiones públicas, dejó de ser impulsada por AD y COPEI desde por lo menos 1983. 

La etapa de la esperanza. (1958-1973)

El período de auge fue 1958-1973. El presidente, los partidos y el Congreso gozaron de un enorme apoyo popular fundado en la esperanza de progreso que ofrecía la nueva democracia. Es en este período que el Congreso aprueba, en una gran demostración de unidad nacional, la Constitución de 1961, la más duradera de nuestra historia. Esta constitución se convirtió en un verdadero programa de aspiraciones nacionales a largo plazo y en una guía para desarrollar las libertades públicas. Lamentablemente, su potencial de organización de la nación no fue aprovechado por sus creadores. Aspectos como la elección directa de alcalde y gobernadores sólo fueron cumplidos en 1989, 28 años después de aprobada la constitución.

Los intentos de golpe militar ocurridos entre 1958 y 1962, y la insurrección guerrillera de los partidos de izquierda, consolidaron el apoyo de las fuerzas dominantes del congreso a la presidencia de Rómulo Betancourt. Las continuas crisis políticas fortalecieron el poder presidencial al punto de ordenar el arresto de los parlamentarios del PCV y el MIR sin contar con la aprobación del Congreso para allanar su inmunidad parlamentaria, violando así la constitución dentro del propio Congreso. Las fuerzas políticas de izquierda casi desaparecieron del Parlamento durante los años 1960-1968 debido al conflicto armado impulsado por el PCV y el MIR durante esos años.

El Congreso tuvo una composición multipartidista con predominio de AD y COPEI, y en 1968, con la victoria presidencial del Dr. Rafael Caldera, ocurrió el primer traspaso pacífico de la presidencia del gobierno a la oposición en la historia de Venezuela. De igual modo el gobierno de Rafael Caldera fue el primero en el siglo XX venezolano en contar con minoría de fuerzas de su partido en el Congreso. Esta situación fortaleció la capacidad de AD en la oposición para negociar con el gobierno decisiones públicas a través del Congreso. Puede observarse que la debilidad parlamentaria del primer gobierno de Caldera no resultó en un mayor poder para el congreso sino para AD, partido que era el verdadero poder moderador y estabilizador del sistema. 

Los años de la consolidación bipartidista

Las elecciones de 1973 marcan el inicio de la segunda etapa del Congreso. Los resultados electorales durante el período 1973-1989 determinan la clara hegemonía bipartidista (AD-COPEI) sobre el resto de las fuerzas políticas. Durante los años de bonanza económica, 1973-1983, el Congreso otorgó facultades extraordinarias para gobernar por decreto al presidente Carlos Andrés Pérez y abandonó su poder de moderar el gasto público a través de la aprobación de los presupuestos anuales del Poder Ejecutivo. La devaluación del bolívar, en 1983, fue la primera alarma para el sistema señalando que los líderes no estaban haciendo un buen trabajo. 

Los años de la larga crisis

La gran crisis política que significó el 27 de febrero de 1989 sorprendió a los líderes políticos con la noticia de que ellos perdían rápidamente la confianza popular. Durante los años 1983-1989 habían sido evidentes las demandas para expandir el potencial democrático de la Constitución de 1961, pero los partidos dominantes del congreso decidieron frenar las reformas creyendo que así consolidaban su poder. En 1989, las primeras reformas políticas llegaron con la elección de alcaldes y gobernadores, pero ya era muy tarde.

Las crisis militares de 1992 debilitaron aún más al presidente, a los partidos y al Congreso. La destitución del presidente Carlos Andrés Pérez en 1993 y la elección del presidente Ramón J. Velázquez por parte del Congreso indicaron, al mismo tiempo, el momento más alto del poder formal del Parlamento y la erosión de su capacidad para sostener el sistema.

El Congreso había servido de escenario en 1992 para que el Dr. Rafael Caldera regresara al centro de la vida política nacional y alcanzara su segunda presidencia en 1993. El discurso de Rafael Caldera luego de la insurrección militar del 4 de febrero de 1992 se convirtió en uno de los grandes eventos de la vida parlamentaria venezolana.

Cuando el Dr. Caldera asumió la presidencia en 1994, el Congreso se encontraba en uno de los puntos más bajos de su prestigio en la historia democrática. El bipartidismo del período 1973-1989 había terminado, y en la opinión pública eran comunes las exigencias al presidente Caldera de cerrar el Congreso, tal y como lo había hecho el Presidente Alberto Fujimori en el Perú.

El presidente Caldera intentó revivir el Pacto de Punto Fijo con la fuerza mayoritaria del Congreso: AD. En medio de crecientes demandas para reformar la Constitución de 1961, tanto el presidente, como AD y el Congreso en general, decidieron ignorar las voces del cambio.

Las persistentes acusaciones de corrupción a líderes del Congreso se unieron a las críticas contra la lentitud de los congresantes en reformar el sistema político. La reforma al sistema electoral que permitió la elección uninominal de parlamentarios en 1993 fue considerada tardía e insuficiente.

En 1998, el Congreso se encuentra profundamente desprestigiado, arrastrado por la desconfianza en los partidos políticos y en el sistema. Los votantes vieron en el Parlamento el centro de las fuerzas contrarias a los cambios exigidos por las mayorías nacionales. La separación de las elecciones legislativas de las elecciones presidenciales en 1998, no fue aceptada como una reforma para aumentar la autonomía del Poder Ejecutivo, sino como una maniobra partidista para evitar un desastre electoral.

En fin del régimen de partidos nacido en 1958 llegó el 6 de diciembre de 1998, cuando AD y COPEI, sin fuerza suficiente para impulsar un candidato propio a la presidencia de la República fueron derrotados juntos, por el candidato Hugo Chávez.

El fin del Congreso, llegó en 1999, cuando las mayorías nacionales decidieron, por primera vez en la historia de Venezuela, aprobar la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para sustituir a la Constitución de 1961. El poder supra constitucional de la Asamblea Constituyente de 1999, terminó con el poder del Congreso.

El destino del poder parlamentario nacido en 1958 acompañó la suerte de los partidos AD y COPEI. La crisis del sistema fue fundamentalmente una crisis de los partidos y luego, por consecuencia, del Congreso. Sin embargo, mientras el sistema parlamentario de 1958 fue terminado por la voluntad popular, AD sí sobrevivió al sistema de Punto Fijo.

No deja de ser un mérito que el sistema parlamentario punto-fijista murió sin violencia y por la voluntad popular. Este mérito es compartido tanto por los vencedores como por los vencidos.
Conclusiones

Si algo debemos aprender de la historia del Poder Legislativo venezolano es que su función no es contrarrestar la tradición presidencialista sino evitar los abusos del presidencialismo.

El carácter colectivo, diverso, deliberante y representativo del Poder Legislativo le otorga la misión fundamental de reflejar las aspiraciones de las mayorías y minorías nacionales, de ser un espacio tolerante de negociación y conciliación de intereses, de otorgar una voz legítima a las fuerzas de oposición y de corregir y mejorar las políticas del Poder Ejecutivo.

En nuestra historia el proceso democrático ha sufrido momentos de auge y retroceso. El Poder Legislativo ha acompañado a la democracia en los mismos altibajos en su misión de ser la voz del pueblo, el espejo de la nación. Los nuevos diputados a la Asamblea Nacional del año 2000 tienen la difícil y honorable tarea de rescatar su posición en nuestra sociedad, nuestra República y nuestra historia. 

 

Extracto del ensayo publicado en el libro Poder Legislativo: pasado, Presente y Futuro, editado por la Comisión Legislativa Nacional, Caracas 2000