Texto: Telesur
Según el documento, fechado este 9 de octubre, el Gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado acciones contra la nación bolivariana. Esto incluye el bloqueo económico con más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales y el despliegue militar de destructores misilísticos, aviones de combate, tropas élite y un submarino nuclear cerca de las costas venezolanas.
Tales acciones violan el Tratado de Tlatelolco y la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, utilizando como pretexto una supuesta lucha contra el narcotráfico, señala la misiva.
Venezuela denuncia que EE.UU. ha ejecutado bombardeos a embarcaciones civiles en aguas internacionales, resultando en ejecuciones extrajudiciales, según expertos de la ONU. Con ello, violan el derecho a la vida y al principio de presunción de inocencia. “Se trata de una violación flagrante a los derechos humanos, incluyendo al más sagrado de todos, el derecho a la vida misma”, indica el texto.
La carta también contiene la denuncia del Gobierno venezolano sobre la fabricación de narrativas para justificar una posible agresión militar, señalando declaraciones de Trump sobre la intención de “hacer volar” al presidente Nicolás Maduro, una retórica violenta que se suma al ofrecimiento de millones de dólares por información que conduzca a la captura del jefe de estado venezolano.
Como parte de estos argumentos falsos, se vinculada al gobierno encabezado por Nicolás Maduro con cárteles de la droga, catalogados por Washington como “organizaciones terroristas”. Contra estos grupos, el Jefe de la Casa Blanca estaría valorando una «incursión terrestre» que implica una agresión directa a la soberanía e integridad territorial de Venezuela.
Las afirmaciones de Trump, buscan invocar falsamente el Artículo 51 de la Carta de la ONU bajo la doctrina de “unwilling or unable” para justificar ataques preventivos. La carta destaca las maniobras militares recientes en la región del Caribe, con sobrevuelos no autorizados de aviones cazas de EE.UU., detectados en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, lo cual puso en riesgo la seguridad de la aviación civil.
Además, menciona la votación del 8 de octubre en el Senado estadounidense, que rechazó con 51 en contra y 48 a favor, una moción para detener los ataques contra pescadores. Esto podría interpretarse como una autorización implícita de la cámara alta para intensificar las hostilidades.
Venezuela advierte que esta escalada podría derivar en un ataque armado en el corto plazo, con graves consecuencias para la estabilidad regional como el aumento en la migración, terrorismo y extremismo violento. “Un ataque armado por parte de los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela puede ocurrir en un muy corto plazo”, subraya el documento, comparando la situación con la invasión de Irak en 2003.
Ante semejante peligro, Venezuela solicita una reunión urgente del Consejo de Seguridad para determinar la existencia de una amenaza a la paz y formular recomendaciones.
El país bolivariano reafirma su compromiso con el diálogo y la diplomacia, destacando que “Venezuela no es una amenaza para nadie” y que defenderá su independencia nacional en unión cívico-militar.
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