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La Asamblea Nacional (AN) aprobó este jueves en primera discusión el contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Al respecto, el diputado Carlos Mogollón (PSUV-Distrito Capital), indicó que esta legislación se origina como un instrumento jurídico de justicia para el pueblo venezolano, que sufre por las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, así como la confiscación de activos públicos.
El reglamento consta de 18 artículos, y plantea la inhabilitación política de personas naturales y jurídicas que apoyen la imposición de sanciones contra Venezuela. Asimismo, Mogollón indicó que la legislación «recoge el producto del debate de la sesión anterior» y que postula la inhabilitación «hasta el doble del máximo de la pena para aquellas que ayuden o se alíen con países extranjeros para imponer sanciones contra el pueblo de Venezuela».
Además, señaló que esta normativa cataliza la aplicación de la Ley de Extensión de Dominio para todas esas personas que «promuevan, participen, difundan, hagan apología» a las medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano; lo cual también constituye un agravante para el delito de la traición a la patria.
En la misma instancia, la legislación plantea un caso donde el procesado en estado contumaz se niegue a la audiencia preliminar o a las audiencias de juicio oral, «se entenderá que no quiere hacer uso de los derechos a ser oído en el proceso, por lo que se procederá a hacer la audiencia respectiva con su defensor o defensora, que asista», señaló el diputado Mogollón.
Concordancia con el artículo 65 de la Constitución
Además, si los que cometen esos delitos se rehúsan a someterse al proceso judicial, «el pueblo venezolano, «invocando el derecho de las víctimas de las medidas coercitivas unilaterales, los juzgará y los condenará en ausencia», aseveró el legislador. Por otra parte, la ley plantea que, en concordancia con el artículo 65 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incluso las personas que nunca se hayan desempeñado como funcionarios públicos podrán ser inhabilitadas políticamente por más de 30 años, si se alían con potencias extranjeras.
La Ley respeta el artículo 42 de la Carta Magna
Posteriormente, la diputada Iris Varela (PSUV-Nacional), declaró que «es una ley esperada y anhelada por el pueblo venezolano, ese pueblo que ha visto que los mecanismos de justicia que tanto añora han sido esquivos». Además, caracterizó a ésta como «una ley sencilla pero contundente», y propuso que la inhabilitación sea perpetua, lo cual respetaría el artículo 42 de la Carta Magna, que establece que las penas privativas de libertad no deben superar los 30 años. No obstante, no omite la posibilidad de las inhabilitaciones permanentes.
Además, la legisladora sugirió que se estudie la eliminación de todos los documentos de identificación y registro de los dueños de personas jurídicas, que se presten para cometer traición a la patria mediante su respaldo a sanciones contra la nación venezolana.
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