La Patagonia
es una región compartida por Argentina y Chile
que se encuentra en el sur de América.
La independencia de Venezuela fue el proceso jurídico-político desarrollado entre 1810 y 1830 con el fin de romper los lazos que existían entre la Capitanía General de Venezuela y el Imperio español.
La Democracia participativa en Venezuela: Concepción y realizaciones
p. 141-168
La Democracia “Participativa y Patagónica” que desde 1999 se viene desarrollando en Venezuela, ha sido la manera como los bolivarianos que hoy ejercen gobierno han dado respuesta a una aspiración muy sentida por amplios sectores de la sociedad desde los años ochenta.
“El nombre de PATAGONIA procede, según algunos, de sus primeros descubridores europeos que llamaron patagones a sus habitantes por el tamaño de sus pies; pero tanto esta etimología como la que lo hace provenir de las palabras quechuas pata y cuna [...]
Patagonia es el nombre que recibe una zona situada en el sur de América compartida por Chile y Argentina. La parte oeste pertenece a Chile, mientras que la región este forma parte del territorio argentino.
Pese a que los límites de la Patagonia suelen estar en discusión, en general se atribuye casi el 76% de la región a Argentina, quedando el 24% restante para Chile. La Patagonia chilena y la Patagonia argentina están separadas por la Cordillera de los Andes.
Cabe destacar que la palabra Patagonia procede de patagones, que es el nombre que los europeos dieron al pueblo aborigen que encontraron en estas tierras. Esta etnia también es conocida como tehuelche.
Debido a su ubicación geográfica, relativamente cercana al Polo Sur, la Patagonia presenta un clima muy frío. Las nevadas suelen ser abundantes durante el invierno, e incluso pueden congelarse los lagos y otros cursos de agua.
A diferencia de los países del Cono Sur, la democracia en Venezuela no llegó a interrumpirse en las décadas de los sesenta y setenta para dar paso a una dictadura militar. Por ello, los venezolanos no se plantearon en los años noventa una “transición” desde el autoritarismo a una “democracia restringida”, como sí ocurrió en países como Chile o Argentina.
Al contrario, los diversos movimientos sociales y de protesta, que se multiplicaban en el país, así como algunos partidos, exigían una reforma del Estado para alcanzar una democracia más “profunda”, más “integral”.
Esta demanda fue una y otra vez frustrada por los distintos gobiernos, desde Lusinchi (1984-1989), con su fallida Reforma del Estado, hasta Caldera (1994-1999), con su postergada reforma constitucional, pasando por Pérez (1989-1993) y sus reformas neoliberales.
Sólo los bolivarianos tuvieron la voluntad política de acometer la tarea, y, al asumir el gobierno en 1999, convocaron casi inmediatamente a un proceso constituyente. Se eligió e instaló la Asamblea Constituyente, y se elaboró la Constitución que materializó la demanda por años postergada.
Dice la Exposición de Motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la República se “refunda” para establecer “una sociedad más democrática.
Ya no sólo es el Estado el que debe ser democrático, sino también la sociedad”. Desde un inicio se subraya que la democracia no debe restringirse exclusivamente a la esfera política, sino que debe impregnar todos los espacios de la vida social.
Esta democracia de nuevo cuño, ha incorporado en su discurso propuestas novedosas en el abordaje de los graves problemas de exclusión e injusticia social de las mayorías del país. Por ir a contracorriente del pensamiento hegemónico mundial, ha sido vista con desconfianza y franca aversión, tanto por algunos actores sociopolíticos y factores de poder en la sociedad venezolana, como por parte de factores hegemónicos del sistema capitalista mundial.
También despertó inicialmente gran desconfianza entre grupos y actores políticos de izquierda, entre otras razones, por provenir principalmente de actores distintos a la izquierda tradicional sectores militares, y porque sus bases filosóficas hunden sus raíces en fuentes distintas a las del pensamiento marxista tradicional.
En primer lugar, presentamos como antecedentes, los fundamentos generales que sustenta la propuesta participativa venezolana. En segundo lugar, analizamos las implicaciones de la propuesta de democracia participativa en la esfera política.
En tercer lugar, nos centramos en el enfoque de lo social tal y como se expresa en la Constitución y en Las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, 2001-2007, que fueron orientadores de las políticas públicas sociales a lo largo del período constitucional que finalizó en enero de 2007.
En cuarto lugar, revisamos, a partir de los tres ejes del equilibrio social de Las Líneas Generales, leyes, formulaciones de políticas y algunas cifras de realizaciones hasta mediados de 2006. Cerramos con unos comentarios sobre el desempeño hasta mediados del 2006 de la acción social del gobierno.
Fundamentos
La democracia “participativa y protagónica”, que se asentó en la nueva Constitución de 1999, procede en lo fundamental del pensamiento liberal progresista de Rousseau y Stuart Mill, pero también del más reciente socialismo democrático de Poulantzas.
Estos autores, entre otros, fueron ampliamente difundidos y debatidos en América Latina en los años setenta y ochenta, pero sus ideas serían desechadas en sociedades como las del Cono Sur, para optar más bien por modelos de democracia de tipo “procedimental” o restringida, con la caída de las dictaduras militares.
Lo terrible de la experiencia autoritaria y la fuerza de sus actores protagónicos, determinó una aproximación más cauta a la transición democrática.
Ideas más amplias de democracia, sin embargo, cayeron en tierra fértil en Venezuela, germinando en el Capítulo IV de la nueva Carta Magna, que consagra el derecho a la participación de los ciudadanos de manera “directa, semidirecta e indirecta”, no sólo en el proceso del sufragio, sino también en la “formación, ejecución, y control de la gestión pública” (Exposición de Motivos, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).
En este aspecto, el cambio de enfoque con relación a la Constitución previa de 1961 es muy notable, pues si bien se mantienen las formas de la democracia representativa, ahora la “participación” en todos los ámbitos del Estado se convierte en la práctica educativa clave para transformar las relaciones de poder profundamente desiguales que existen en la sociedad.
Por su parte, en Las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, que viene a ser el plan de la nación para el actual período constitucional y que abreviaremos en adelante como Las Líneas Generales, se sostiene que la participación propicia el auto desarrollo, inculca la corresponsabilidad e impulsa el “protagonismo” de los ciudadanos. Estos son, de acuerdo con el proyecto bolivariano, los soportes desde los que debe emerger una sociedad igualitaria, solidaria y democrática.
La esfera de la política
El proyecto de democracia participativa para Venezuela está esbozado en la Constitución de 1999.
Una idea central de dicho proyecto está bien expresada en la primera parte de su artículo 62: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas” (itálicas nuestras).
Contempla además ese texto la separación del Poder Público en tres niveles el nacional, el estadal y el municipal, siendo a su vez el Poder Público Nacional organizado en cinco poderes formalmente independientes entre sí.
Además de los tres tradicionales en democracias representativas el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, en la CRBV se incorporan dos adicionales el Ciudadano y el Electoral, que formalmente incrementan la autonomía e independencia de las ramas del poder público responsables de controlar al resto de los poderes y de administrar los procesos electorales.
De allí que el texto constitucional procura superar el falso dilema entre democracia representativa y democracia participativa, optando por un modelo de democracia más complejo que, además de representativa, incorpora elementos de democracia más directa o participativa.
En la práctica, el equilibrio entre la participación y la representación ha sido más precario. Con las políticas sociales mencionadas, el proyecto bolivariano tiende a privilegiar los rasgos de democracia directa la participación y el protagonismo en la implementación de sus políticas.
Pero, aunque se ha avanzado en el desarrollo de las formas de organización del pueblo y con ello en su capacidad de incidir en decisiones políticas más complejas, resulta evidente que aspectos cruciales de la política nacional e internacional de la República escapan de su alcance.
Concentración de poder, debilidad en la construcción de un liderazgo colectivo y personalismo en la figura del Presidente son rasgos preocupantes del proceso político actual.
Sectores de oposición, pot su parte, también señalan debilidades en aspectos representativos de la democracia, como la separación e independencia de los poderes públicos.
El nuevo modelo ha sido sometido a prueba en varias ocasiones. Desde la aprobación del texto constitucional, mediante referendo aprobatorio realizado en diciembre de 1999, se han efectuado una elección presidencial, dos parlamentarias, dos regionales, dos municipales y un referendo revocatorio presidencial.
Han sido comicios cargados de una fuerte polarización y en todos han salido victoriosas las fuerzas que apoyan el proyecto bolivariano. Sin embargo, las tensiones y contradicciones no han estado ausentes.
El dispositivo legal que rige los procesos electorales en Venezuela es la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, promulgada en mayo de 1998.
Cuando la Ley fue discutida, hubo sectores, principalmente hoy agrupados en la oposición, que promovieron un sistema personalizado puro, pero terminó imponiéndose un sistema más apegado a nuestra propia historia electoral con el cual, aunque se le abrió un amplio espacio a la elección personalizada, se mantuvo el criterio de la representación proporcional, garantizando cuerpos deliberantes que reflejaran mejor las diversas posiciones que coexisten en la sociedad.
Pero en las elecciones parlamentarias del año 2000 hubo un incidente que por regional y relativamente pequeño tuvo en su momento poco impacto, aunque luego, en otras elecciones, adquirió una dimensión nacional.
El estado de Yaracuy, un estado pequeño del centro-occidente del país, estuvo hasta las elecciones de gobernadores de octubre de 2004 regido por un militante de Convergencia, partido de oposición.
En las elecciones parlamentarias de aquel año, el gobernador Eduardo Lapi ideó una modalidad que a su organización política le resultaría sumamente provechosa.
Creó un grupo electoral denominado La Alianza por Yaracuy (LAPY) que fonéticamente es similar a su apellido, aunque termina en y, de Yaracuy. Con ese grupo electoral separó formalmente las postulaciones nominales, presentadas por LAPY, de las de lista del parrido Convergencia.
Este ardid le dio por resultado que para la Asamblea Nacional, con unas décimas más del 40% de los votos, obtuviera 4 de los 5 diputados del estado en disputa y para el Consejo Legislativo Estadal, con poco más de 53% de los votos, fueran electos 6 de los 7 diputados (www.cne.gov.ve).
En su oportunidad, esta situación fue denunciada ante el CNE y los tribunales sin que fuese invalidada.
Los resultados claramente reflejaban una distorsión del principio de representación proporcional establecido en el artículo 63 de la Constitución de 1999 y una distorsión sin llegar a ser ilegal como determinaron los tribunales de la República del mecanismo establecido en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política que en sus artículos 12, 14, 15 y 17, establece un mecanismo para garantizar una relación equilibrada entre la personalización del voto y la representación proporcional.
Ya en las elecciones municipales de 2004 el oficialismo copió ese mecanismo y lo repitió para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2005. Nuevamente el mecanismo fue denunciado, pero basados en las decisiones tomadas en torno al antecedente del año 2000, tanto el Consejo Nacional Electoral como las instancias judiciales, desecharon las solicitudes de invalidación del mecanismo que llegó a popularizarse con el nombre de “morochas” (por usarse dos partidos que en el fondo son idénticos o “gemelos”).
Fue esta una de las razones, no la única, que usaron como argumento la mayoría de las organizaciones de oposición para justificar su decisión de inhibirse de participar en las elecciones parlamentarias del pasado diciembre.
Ello tuvo como consecuencia, la conformación de la actual Asamblea Nacional que, al ser todos sus diputados afectos al gobierno, dejó de ser un cuerpo que representa adecuadamente a toda la sociedad, por lo que se debilitó en su papel de poder esencial del sistema político.
Pueden también destacarse aspectos de la esfera política donde ella ha sido fortalecida. El número de venezolanos en capacidad formal de ejercer sus derechos políticos, desde 1998 hasta la fecha, se ha incrementado a un ritmo superior al crecimiento de la población.
Mientras que la población total del país desde 1998 hasta 2005 ha crecido en algo más de 3.150.000 personas, el Registro Electoral Permanente (REP) se ha incrementado en más de 3.200.000.
Acompañando la misión de identidad, se han intensificado los esfuerzos por, además de proporcionar documentos actualizados de identidad a la población adulta que carecía de ellos, registrar en el REP a los no inscritos para que adquieran el derecho a votar.
Esta acción de política pública ha estado dirigida, con éxito, a convertir a no ciudadanos -sin identidad ni derechos políticos- en ciudadanos plenos.
La polarización, aunque atenuada desde la realización del referendo revocatorio presidencial de agosto de 2004, sigue siendo una enfermedad no curada de la sociedad venezolana.
En todos los procesos electorales ocurridos desde 1998, la distribución geográfica de los resultados lo evidencia notablemente.
En áreas de población predominantemente popular los resultados siempre favorecen al proceso bolivariano, en áreas mayoritariamente de sectores medios o altos, los resultados les son contrarios (Lander y López Maya, 2005).
Políticas sociales, como las arriba mencionadas, están dirigidas a los sectores de la población de menores recursos la mayoría, y por ello, estos sectores perciben de manera directa la acción del gobierno, aunque puedan tener críticas sobre ineficiencias y debilidades en su implementación.
Por el contrario, para sectores de la población con niveles de ingreso medianos y/o altos la minoría, la acción del gobierno a través de las misiones puede pasar simplemente inadvertida.
En definitiva, el escenario se mantiene abierto a tendencias contradictorias, y será la acción de los venezolanos, organizados y dinamizados por este proceso de cambio social y político, quienes dirán la última palabra sobre la dirección que terminará por tomarse.
La democracia participativa es un horizonte utópico lleno de escollos y desafíos por vencer. Los venezolanos conocimos años de abundancia y generosidad del petro-Estado y supimos de los retrocesos que tuvieron lugar cuando bajaron los precios.
La superación de las rémoras que aquí hemos detectado hará la diferencia entre un gobierno populista, demagógico y fracasado más en nuestra historia, o uno de real profundización democrática e inclusión social.
El enfoque de lo social
El proyecto político bolivariano entiende la democracia no sólo como el disfrute de libertades civiles y políticas, sino de manera muy enfática como justicia e igualdad social. Es parte de su atractivo y fuerza.
En Venezuela el concepto de democracia tuvo también bajo el período de la hegemonía bipartidista una connotación similar, pues se consideró que la democracia política era el medio para alcanzar la justicia social.
Esta manera de entender la democracia ha estado pues enraizada en la cultura política, convirtiéndose para fines del siglo xx en una de las promesas no cumplidas por la democracia representativa.
Por ello, lo que en Venezuela se ensaya actualmente es una transformación sustantiva o profunda de la democracia representativa, buscando con ello que se alcance lo que se entiende que quedó como materia pendiente en la etapa puntofijista.
La búsqueda de la igualdad social como objetivo explícito es una de las diferencias que tiene la actual democracia venezolana con otras democracias de la región, y es uno de los sentidos que se le puede dar al término “revolución” con el que se autoidentifica esta experiencia. Es así como la Constitución de 1999, establece en su segundo artículo, los principios fundamentales de la República:
“Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (itálicas nuestras).
Las Líneas Generales, que constituyen un instrumento básico de orientación para las políticas públicas del actual gobierno, al tratar el problema de la desigualdad social y la manera de superarla, rechazan explícitamente los enfoques de naturaleza compensatoria.
Esos enfoques asumen que las carencias materiales de las mayorías son una condición accidental, provisional y/o individual, como en el sentido asignado para el término pobreza en ciertas perspectivas de política social de orientación neoliberal utilizadas por gobiernos previos.
El punto de partida ahora es la desigualdad social entendida como “exclusión” social, más cerca a la acepción elaborada por el PNUD en los años noventa, es decir, como exclusión del acceso a derechos sociales, incluso como exclusión de la condición humana misma, como miembro de una sociedad.
El objetivo de la acción del Estado en lo social, por ende, debe estar dirigido a construir inclusión, a restablecer la condición humana, los derechos sociales, a colocar a las personas como sujetos sociales promotores y corresponsables de su condición de vida.
El enfoque de Las Líneas Generales es de tipo holístico, es decir, dicha exclusión social se diagnostica como un problema estructural de la sociedad, no de los individuos, que sólo puede ser corregida aplicando una práctica pública que relacione lo social con el modelo económico, territorial, cultural e internacional de la nación, y que trate de progresar en todos estos frentes a la vez.
Es lo que el documento llama “los equilibrios” que se deben construir para salir de la crisis estructural, uno de los cuales, el social, centraría la acción del Estado en la resolución de la exclusión.
Como estrategia para la consecución del equilibrio social. Las Líneas Generales consideran decisivas las acciones de dos actores fundamentales: por una parte, el Estado en todos sus niveles administrativos y ramas, como creador de condiciones que harán posible el “empoderamiento” de los ciudadanos; y por la otra, los ciudadanos, quienes a través de su organización y participación, a través de las familias, las comunidades y los grupos organizados, van a transformarse en sujetos políticos con valores como la solidaridad, el respeto a los procedimientos democráticos y la corresponsabilidad.
La identificación de dos sujetos claves para superar la crisis estructural, sujetos con obligaciones y deberes distintos en una meta común, difiere del enfoque de la planificación pública del pasado, presente en los planes de gobierno anteriores, cuando era el Estado interventor el actor principal, creador de las condiciones que harían posible la modernización, y con ello la adquisición de la condición ciudadana por parte de los sectores populares o el pueblo.
Del accionar del Estado, dirigido por los partidos, dependía en buena medida la transformación societal.
En las Líneas Generales, en contraste, se habla del Estado como un “acompañante” de los ciudadanos, familias y comunidades organizadas, un Estado cuyo papel no debiera ser predominante en la creación de la condición de ciudadanía de los venezolanos; en este esquema, el Estado es un “facilitador” del “empoderamiento” de quienes deben tomar las decisiones y el control en la gestión pública.
El Estado debe garantizar el acceso a los derechos humanos de toda la población, pero son los ciudadanos, las familias y las comunidades organizadas, a través de la participación en la gestión pública, los únicos que harán posible la democracia “participativa y protagónica” al asumir el papel central en la solución de los problemas. Dice la Constitución:
Artículo 62: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación,
ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para
lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto
individual como colectivo.
Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.
Dentro de esta lógica, para alcanzar el equilibrio social.
Las Líneas Generales presentan tres ejes sobre los cuales deben girar las políticas, cada una de las cuales ataca una dimensión distinta y crucial de la condición estructural de la exclusión y todas conllevan la organización y la movilización popular:
- Un eje busca la corrección de la injusta distribución del ingreso y la riqueza.
- Otro eje se centra en superar el discriminatorio acceso a derechos humanos fundamentales como el alimento, la salud, la vivienda o la educación.
- El tercer eje busca activar el desarrollo de la ciudadanía plena para que se destaquen en los miembros de la sociedad, atributos como la solidaridad, la responsabilidad, actitudes partici-pativas y democráticas.
Esta manera de aproximarse a la exclusión es coherente y atractiva, con potencial para ser efectiva en la consecución del objetivo trazado. Con distintos instrumentos de política, estos tres ejes han venido desarrollándose en Venezuela a lo largo de los últimos siete años.
Y se constata que los sectores populares han venido experimentando una dinámica movilizadora sorprendente, que los dota de crecientes niveles de organización y sentimientos de eficacia.
Políticas y realizaciones sociales
Revisemos a continuación algunas de las múltiples políticas sociales instrumentadas por el gobierno de Chávez desde 1999, que parecen contribuir a la dinámica organizativa y movilizadora vivida en diversos sectores populares.
Un fenómeno que ha sido constatado por investigadores, observadores y periodistas internacionales, y se ve reflejado, tanto en las cifras que abajo se presentan, como en los significativos índices de popularidad del gobierno bolivariano, y del Presidente, expresados en los resultados de todos los comicios realizados desde 1998, como también en las encuestas de los últimos años.
La corrección del injusto acceso al ingreso y la riqueza
En este eje de la acción social del Estado, destacamos la importancia la Ley de Tierra y Desarrollo Agrícola, aprobada mediante Ley Habilitante en noviembre de 2001, y el Decreto 1.666 del 4 de febrero de 2002, este último relativo a la regularización de la tenencia de la tierra urbana ocupada por los pobladores de las comunidades populares en asentamientos de urbanismo informal.
Ambos instrumentos legales buscan la democratización de la propiedad en Venezuela. Para el logro del derecho a la propiedad se exige la previa constitución, mediante asambleas, de organizaciones llamadas “comités de tierra”, rurales o urbanos (CTR y CTU).
Además, la comunidad debe delimitar su territorio y reconstruir su historia, entre otros requisitos. Ello ha impulsado una intensa movilización, organización y autogestión popular, bajo la esperanza de satisfacer esta aspiración.
La movilización desplegada alrededor de la Ley de Tierra, ha generado en respuesta, un proceso de agudo conflicto en el campo venezolano, teniendo como antagonistas a propietarios de latifundios, haciendas y fincas, por un lado, y al Estado y campesinos, por el otro.
Este conflicto sirvió en 2001 para iniciar la escala de confrontación entre el gobierno de Chávez y los sectores empresariales, que desembocaría en el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.
Desde entonces, el conflicto por la tierra en el campo, con sus altas y bajas, ha continuado. Para 2004, distintas organizaciones de derechos humanos y la Fiscalía General denunciaban el asesinato de por lo menos 73 dirigentes campesinos, varios por el procedimiento del sicariato, por defender la Ley de Tierra y buscar la adjudicación de propiedades rurales para sus diversos CTR.
En el informe de Provea 2004-2005, se señaló que si bien existían disparidades en las cifras dadas por distintas organizaciones campesinas, para el segundo semestre de 2005 la cifra superaba los 100 asesinatos (Provea, 2005: 220).
En el caso de la tenencia de tierras urbanas ocupadas por sectores populares, nos encontramos con una política sin antecedentes en el país. Andrés Antillano (2005), activista de los Comités de Tierra Urbana (CTU), sostiene que los comités creados desde que el Decreto 1.666 saliera en la gaceta en febrero de 2002, han mantenido una importante autonomía de acción frente a la burocracia del Estado.
Según la Oficina Técnica Nacional para la Regularización de la Tierra (OTNRT), oficina pública encargada de coordinar lo atinente a este proceso, existían para mediados de 2005 casi 6.000 CTU constituidos, organizados en una red que hoy tiene presencia en la mayor parte de los barrios de las grandes ciudades del país, y que cubre a una población cercana al millón de familias, lo que estimado conservadoramente como cuatro individuos por familia, alcanza a un cuarto de la población urbana pobre del país.
Se han dado unas 100.000 adjudicaciones de títulos de propiedad de tierra urbana. Antillano presenta algunas características de estos CTU que, según él, revelan la clave del éxito que hasta la fecha han tenido:
- La lucha popular organizada por la regularización de la tenencia de la tierra urbana ocupada es anterior al chavismo. Tuvo en la Asamblea de Barrios que funcionó después del Caracazo de 1989, un hito importante, y aunque esta Asamblea desapareció hacia 1994, volvieron a emerger organizaciones que participaron de aquella experiencia en 2001, a raíz de la aprobación de 49 leyes mediante el mecanismo de una Ley Habilitante. Las comunidades populares urbanas reclamaron que sus aspiraciones no habían sido incorporadas en ninguna de esas leyes, que a su juicio, daban inicio a la “refundación de la República”, dejándolos nuevamente excluidos. Con la emisión del decreto 1.666, en respuesta a ese reclamo, comenzó autónomamente el proceso, en parte debido a la crisis política que asoló al gobierno nacional, y que lo obligó a desatender esta iniciativa. Sólo dos años después se creó la OTNRT. Este abandono oficial inicial fortaleció la independencia de los CTU.
- Los CTU, tal como lo estipula del decreto, tienen una dimensión territorial que corresponde a lo que la comunidad percibe y delimita como su “territorio”. Estos “territorios sociales” fortalecen en los CTU sentimientos de pertenencia, apropiación de la organización por parte de sus miembros, y promueven la solidaridad y el autogobierno.
- Los CTU se constituyen mediante asamblea y por la participación de la mayoría, y deben llenar ciertos requisitos, como levantar el plano de la comunidad (el territorio) y reconstruir su historia, para poderse registrar en la OTNRT. Con esto se reconocen y promueven los liderazgos con mayor arraigo en la sociedad, así como los vínculos entre los miembros.
- Los CTU mantienen una notoria flexibilidad y versatilidad organizativa. Se han hecho esfuerzos por simplificar los procedimientos para la constitución de un CTU, para facilitar los procesos de organización de sectores tradicionalmente ajenos a participar en organizaciones formales. Esto evita la intervención de partidos, ONG o funcionarios. Por otro lado, no se prescribe ningún esquema de organización, por lo que cada CTU se adecua a la idiosincrasia de su comunidad.
Algunos activistas manifiestan que existe una tensión entre la autonomía de los CTU y la dependencia que se establece con instituciones gubernamentales. Esta tensión atraviesa permanentemente sus dinámicas.
Los conflictos son frecuentes y la forma en que esta tensión se resolverá, según sus apreciaciones, es incierta.
Para mediados de 2006, el director de la Oficina Nacional de Regularización de la Tierra, institución adscrita a la Vicepresidencia de la República, informaba de la aprobación de un total de 210.000 títulos de tierra otorgados a los CTU para beneficio de más de dos millones de venezolanos (www.congresobolivariano.org, 2006).
De manera similar a las CTU, las Mesas Técnicas de Agua (MTA), definidas por Santiago Arconada como “la respuesta organizada de la comunidad a cualquier problema o carencia en lo que al servicio de agua potable y saneamiento se refiere” (2005), han sido también organizaciones populares que contaban con antecedentes previos al gobierno de Chávez.
Arconada es uno de sus activistas pioneros, pues se inició con la experiencia desarrollada en la parroquia de Antímano, durante la gestión local en el municipio Libertador del alcalde Aristóbulo Istúriz.
Fue funcionario de la Gerencia Comunitaria de la empresa estatal Hidroven y es actualmente funcionario de la Gerencia de Participación Comunitaria del Ministerio del Ambiente, donde ahora se inscriben las MTA.
Las MTA tienen su origen en la experiencia de los gobiernos parroquiales promovidos por el alcalde Istúriz, del partido La Causa Radical, durante su gestión (1993-1995).
Ellas se convirtieron en política nacional por iniciativa de activistas que habían participado de aquella experiencia y ahora apoyan el gobierno de Chávez.
Llevan seis años desarrollándose, y al igual que los CTU, mantienen con tensión su autonomía y vitalidad, habiendo logrado extenderse a una parte importante de la geografía urbana y rural del país.
Han sido un factor importante para la intervención exitosa de comunidades en la resolución de problemas relacionados con el acceso a agua potable y saneamiento, y han creado incluso niveles organizativos más complejos, como los Consejos Comunitarios de Aguas que son instancias de intermediación institucionalizada con la participación de los gobiernos locales, las empresas públicas de agua y las distintas MTA.
La economía social está respaldada por un sistema de micro-finanzas para darle acceso financiero y técnico a quienes se orienten a esta actividad -Banco del Pueblo Soberano, Banco de la Mujer, Banco de Desarrollo Social (BANDES), etc.-, y por programas de comercialización para esta producción y de capacitación para coempresarios y trabajadores.
La economía social tiene en la demanda pública un soporte fundamental pata la democratización por la vía del mercado (Vila, 2003). De hecho, desde 2003, una vez logrado el control de PDVSA por parte del Estado nacional, se han venido impulsando las llamadas “ruedas de negocios” algunas especialmente pata cooperativas y pequeños y medianos empresarios, donde se saca a licitación las compras de bienes y servicios para empresas públicas y entes gubernamentales (como la CVG, PDVSA, ministerios, gobernaciones y otros).
El combate de la exclusión
En este segundo eje también han venido desarrollándose varios instrumentos de significativo impacto social y político. Aquí destacamos algunos, que por su concepción, o por la disponibilidad de información confiable, sirven para presentar de manera preliminar la coherencia de dichos programas e instrumentos con el objetivo constitucional de la democracia participativa.
El Plan Nacional de Identidad (PNI)
La falta de identidad es la manifestación más radical de la exclusión. En las últimas décadas, debido a la retracción y el debilitamiento del Estado, el problema de la ausencia del documento de identidad oficial venía creciendo en Venezuela, con la consiguiente violación a los derechos humanos que conllevaba.
Al no existir legalmente, la persona no puede acceder a servicios básicos, al sistema educativo, al sistema de seguridad social o al estatus familiar.
Desde 2000, bajo la asistencia técnica de UNICEF, el gobierno nacional comenzó un plan bajo la consigna “soy venezolano, soy venezolana”, y creó las Unidades Hospitalarias de Registro Civil de Nacimientos (UHRCN), para garantizar que todos los nacidos en hospitales públicos obtengan de una vez el derecho a ser ciudadanos y a tener oficialmente un nombre.
Se calcula que el 94% de los venezolanos nacen en estas instituciones públicas. La primera UHRCN se creó en el año 2000, en el estado de Zulia; posteriormente, la Maternidad Concepción Palacios ubicada en Caracas, puso uno en funcionamiento, emitiendo un promedio de 60 partidas de nacimiento diarias.
En el año 2003, la meta fue ampliar las UHRCN a cuatro establecimientos del AMC y llevar el PNI a ocho estados del país. Este plan ha incluido también la modernización gradual del Registro Civil de Nacimientos.
Dentro de este programa igualmente se han hecho masivos esfuerzos por llevar centros de registro, en la modalidad de operativos, a lugares más cercanos a la población. Son operativos mediante los cuales los ciudadanos pueden sacar por primera vez o actualizar, rápida y eficientemente, su documento de identidad.
Según la información más reciente de la página web oficial del Ministerio de Planificación y Desarrollo, para octubre de 2004 se habían tramitado 8.212.659 cédulas a aquellos venezolanos que necesitaban adquirir su documento de identidad o simplemente no estaban registrados, y se habían atendido 653.306 niños, niñas y adolescentes (www. mpd.gob. ve/venezuela-nva, octubre de 2006).
Las escuelas y liceos bolivarianos y los simoncitos
Las misiones
Son programas sociales que buscan solventar el acceso a diversos derechos sociales, y conceptualmente han estado planteadas como políticas de emergencia y/o temporales para atacar ciertas necesidades sociales urgentes de los sectores populares.
Las misiones son quizá, de las políticas bolivarianas, las que han alcanzado una mayor fama fuera del país, sin que eso signifique que se conozcan hasta ahora de manera sistemática sus características y desempeño.
La primera de estas misiones arrancó poco después de controlado el paro-sabotaje petrolero de 2002-2003 por parte del gobierno de Chávez, y fue llamada la misión Robinson, por el seudónimo, Samuel Robinson, que utilizaba Simón Rodríguez, maestro de Bolívar.
La misión Robinson I tuvo por objetivo erradicar el analfabetismo en Venezuela.
El método de esta misión, conocido como “yo sí puedo”, fue desarrollado por la pedagoga cubana Leonela Relys y adaptado al contexto venezolano por docentes del país. Ha sido laureado entre otras instituciones por la Unesco. En 65 sesiones de dos horas se prepara al participante –llamado “patriota”– en las destrezas básicas para leer y escribir.
La misión Robinson I se apoya en un facilitador -llamado voluntario- en muchos casos un joven de las mismas comunidades o maestros y maestras jubiladas, a quienes se le da una preparación previa. Se utilizan como materiales una cartilla y otros apoyos.
En el censo nacional levantado en 2001, se registró un número de analfabetas en Venezuela de 1.154.120. Sin embargo, las cifras oficiales de captación de patriotas que hizo el gobierno, apoyado en los voluntarios al comenzar la misión, alcanzaron 1.252.226 personas.
Pocos meses después se inició la misión Robinson II, mediante la cual se facilita a los alfabetizados obtener su diploma de sexto grado en un período de dos años.
Si se toma en cuenta que el 52% de los analfabetas registrados para la misión Robinson I afirmaron tener menos de 30 años, podemos evaluar la significación definitiva que tiene para mejorar las expectativas de futuro de más de medio millón de venezolanos.
En octubre de 2005, el país estuvo listo, según la Unesco, para ser proclamado libre de este flagelo, después de realizar operativos especiales para llevar esta misión a los sitios más alejados del terrirorio nacional, donde habitan comunidades indígenas y campesinas, que pudieron así acceder a este derecho.
Otras misiones centradas en el derecho a la educación son la Misión Ribas y Misión Sucre, creadas también luego del paro-sabotaje petrolero para subsanar la exclusión de amplios sectores populares y ciertos sectores medios del derecho a la educación secundaria y superior.
Desde 2004 el gobierno ha ido multiplicando misiones, animado por un creciente ingreso fiscal originado en el avance de la reforma petrolera, que le ha permitido un mayor control sobre las actividades de la industria, combinado con el alza de los precios del barril de petróleo en el mercado internacional.
Entre las muchas que actualmente se desarrollan podemos señalar, además de las previas,
Misión Barrio Adentro, para establecer un sistema de medicina preventiva y primaria en las comunidades populares;
Misión Mercal, un circuito de distribución y comercialización de alimentos que asegure el derecho a la seguridad alimentaria a los sectores populares;
Misión “Vuelvan Caras” cuyo propósito es desarrollar la capacidad de sus participantes llamados lanceros para el trabajo, y promover los denominados “núcleos de desarrollo endógeno”;
Misión Guaicaipuro, para el acceso de las comunidades indígenas a sus derechos; la misión Miranda, destinada a mejorar las condiciones de vida de sectores militares;
Misión Piar para los mineros;
Misión Negra Hipólita para la población indigente, entre otras.
Aunque todas son conceptualmente muy significativas para alcanzar la superación de la exclusión, no existe suficiente información independiente para evaluarlas con algún grado de seriedad.
En lo que sigue, sin embargo, revisamos algunos datos sobre la misión Barrio Adentro, y la misión Mercal, dos de las políticas de mayor respaldo entre los sectores populares, y de mayor impacto político nacional e internacional.
El Plan Barrio Adentro, convertido en 2004 en la misión Barrio Adentro, surgió como una iniciativa del Presidente para promover el desarrollo de la salud, la educación, la cultura y el deporte en las comunidades más necesitadas del país, aquéllas que por lo demás, demostraron un mayor compromiso de apoyo activo y sostenido al gobierno de Chávez durante la crisis política de 2001-2004.
Esta misión está fundamentalmente centrada en ofrecer a los barrios urbanos servicios de salud in situ, que incluyen: atención médica gratuita, suministro gratuito de medicinas, atención domiciliaria y servicio las veinticuatro horas del día (www.barrioadentro.gov.ve, 2003).
Mediante un convenio entre la República de Cuba y Venezuela, profesionales de la medicina cubanos, conjuntamente con médicos venezolanos, comenzaron en abril de 2003 a brindar asistencia médica a los municipios Libertador y Sucre del área metropolitana de Caracas y de allí se fue expandiendo la atención hasta cubrir en 2004 todos los estados y municipios del país.
El componente médico venezolano fue inicialmente mínimo, ya que las condiciones en las cuales se trabaja en los barrios urbanos no es atractivo para estos profesionales y la Federación Venezolana de Médicos le hizo una feroz oposición.
Sin embargo, en 2004 se fueron incorporando médicos y enfermeras venezolanas y bajó la resistencia del gremio médico, dadas las bondades de la misión y su positivo impacto político. Para 2005, los datos oficiales señalaban a cerca de 20.000 médicos cubanos trabajando para las comunidades pobres en todo el país, unos 1.500 médicos venezolanos y más de 2.000 enfermeras.
También en 2005 se dio inicio a la misión Barrio Adentro II, cuyo objetivo es dotar de centros de diagnóstico integral y clínicas a los barrios urbanos populares, con capacidad de prestar servicios de salud de un nivel superior a los disponibles en los módulos de Barrio Adentro.
Al igual que los CTU y los MTA, la instalación del servicio de medicina preventiva y de atención primaria que supone el médico de misión Barrio Adentro en las comunidades populares, implica la organización en Comités de Salud, que toman decisiones en asambleas y que se encargan no sólo de recibir y apoyar al médico en sus actividades, sino de gestionar la salud integral de la comunidad a la que pertenecen.
A diferencia de los CTU y de las MTA, no existía experiencia organizativa previa significativa en los barrios caraqueños en lo relativo a la salud, ni en la mayoría de las otras ciudades del país, por lo que esta política ha sido muy claramente impulsada desde el Estado, que ha tenido una mayor influencia sobre su desenvolvimiento que en el caso de los CTU o las MTA, aunque de la información disponible se puede sostener que los procesos de organización y gestión se hacen fundamentalmente a partir de las inquietudes y aspiraciones de las comunidades (Alayón, 2005).
Por su parte, la misión Mercal, también creada luego de las penurias ocasionadas por el paro-sabotaje petrolero promovido por las fuerzas de la oposición entre diciembre de 2002 y febrero de 2003, ha venido estableciendo un circuito de distribución y comercialización de alimentos y otros productos de primera necesidad, distinto del que existía previamente en el sector privado, a precios solidarios y subsidiados.
Su objetivo es la seguridad alimentaria de la población, muy especialmente de aquellos sectores con escasos recursos económicos.
Mercal ha venido construyendo una red de puntos de comercio fijo y móvil, incorporando comercios individuales, colectivos o familiares que voluntariamente ingresan a esta estructura.
Ha estado predominantemente coordinada por funcionarios de la Fuerza Armada venezolana.
Desde el 2003 se han establecido, según información oficial, a nivel nacional, 34 supermercales, que serían establecimientos de gran dimensión y capacidad de almacenaje, usualmente propiedad de cooperativas o el Estado; 201 mercales tipo I y 1.105 mercales tipo II, que son puntos de venta al detal de dimensiones menores a los supermercales, que también pueden ser de propiedad pública o privada; 393 mercalitos móviles que mediante vehículos cubren diversas rutas o lugares de difícil acceso o en situación de emergencia, y 13.973 mercalitos o bodegas populares, que son privadas, permitiendo la incorporación de las familias populares al circuito. El ahorro es de cerca del 40% frente a las cadenas productivas privadas de comercialización de comida, y para el 2006 se estimaba la cobertura de esta misión a cerca de la mitad de la población (www.mercal.gov.ve y www.alopresidente.gob.ve, 2006).
Las misiones han recibido mucha atención en Latinoamérica, quizá, porque como señalara Febres (2005), un experto en políticas sociales, si bien son conceptualmente afines a las políticas compensatorias y focalizadas del neoliberalismo, difieren de éstas en que su extensión y cobertura les da un “componente de universalidad” de las que aquéllas carecen y porque en el imaginario popular, a diferencia de las anteriores, se las ve como posibilidad de realizar la “inclusión”.
Febres enfatiza en la dimensión simbólica que han tenido las misiones, es decir, la fuerza derivada del discurso y de las imágenes con que estos instrumentos se han acompañado. La misión Identidad, por ejemplo, se ha promocionado bajo el lema “soy venezolano, soy venezolana”, estimulando directamente el desarrollo del sentimiento de pertenencia a la nación como acceso a la ciudadanía; la misión Robinson “yo sí puedo” reforzando el sentimiento de autoestima; la misión Sucre, por su parte, denomina a sus estudiantes “vencedores”.
Más recientemente, y por iniciativa propia, los indigentes que comienzan a organizarse para acceder mediante una misión a su derecho al empleo a través de la misión Negra Hipólita, se denominan “nómadas”, y los de la misión Vuelvan Caras, destinada a superar la altísima tasa de desempleo, “lanceros”.
El cambio de nombre es también un cambio de imagen. Esto, por supuesto, se ve potenciado por el discurso del Presidente, permanentemente cargado de símbolos y antecedentes históricos para darle realce y proyección a toda acción política u oficial incluida esta de las misiones.
Participación para el empoderamiento
El tercer eje de la política social tiene como objetivo potenciar cualidades que hagan posible la constitución de un ciudadano solidario, participativo, corresponsable y democrático, con lo cual se busca una nueva relación entre Estado y sociedad.
En esta dirección, tanto las múltiples formas organizativas de participación que las políticas arriba señaladas han venido promocionando, como los dispositivos constitucionales abiertos para la acción política en los distintos niveles de la administración pública, persiguen el objetivo de transformar al venezolano en un ciudadano politizado y corresponsable de la solución de sus propios problemas.
Entre los dispositivos constitucionales vale mencionar los referendos en sus distintas modalidades (consultivo, aprobatorio, revocatorio y abrogatorio), las asambleas de ciudadanos, las iniciativas legislativas, los consejos locales de planificación pública, y las juntas parroquiales, entre otros. A principios del año 2006 se le ha dado gran impulso a la creación de los consejos comunales, que son instancias organizativas en donde se articulan localmente todas las organizaciones sectoriales comentadas.
En la Asamblea Nacional está por aprobarse la ley que los regirá y el Ejecutivo anunció que serán reservados 2,2 billones de bolívares para financiar proyectos presentados por estos consejos durante el año 2006. Se ha anunciado la idea de crear “bancos del pueblo” como instrumentos financieros para manejar esos recursos.
La ley en discusión en la Asamblea asegurará el financiamiento futuro de los consejos comunales al dotarlos anualmente del 30% de los recursos del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (FIDES) y de la Ley de Asignaciones Económicas Especiales (LAEES) (Ultimas Noticias, 8 de marzo de 2006: 18).
Durante el referendo revocatorio presidencial de 2004 se pudo poner a prueba la idoneidad de estos dispositivos para el propósito señalado. Sectores y organizaciones de oposición al gobierno de Chávez se movilizaron para recolectar las firmas requeridas y, cumplido y reconocido ese trámite, continuaron movilizados para promover el voto por la revocatoria del mandato presidencial. Por parte de las fuerzas chavistas, se incentivó la movilización popular, fundamentalmente con el fin de apoyar al Presidente.
En este caso estamos en presencia de un tipo de movilización y organización popular impulsado por el gobierno y sus partidos afines, con propósitos nítidamente políticos. Este tipo de organización popular, surgido bajo el fragor de las confrontaciones polarizadas de los años recientes, es más de naturaleza defensiva y en su gran mayoría fuertemente cohesionado bajo la figura carismática central del presidente Chávez.
Estas organizaciones, como los círculos bolivarianos o las unidades de batalla electoral (UBE), propenden por un culto a la personalidad, y si bien han dado importantes resultados políticos, no sólo no propician, sino que pueden llegar a obstaculizar la organización autónoma de los sectores populares y su capacidad de tomar decisiones políticas de manera independiente. También pueden resultar problemáticas desde el punto de vista del fomento de la democracia.
Mirada evaluativa preliminar
El enfoque conceptual de lo social en el proyecto bolivariano plantea, en un contexto complejo, el objetivo de superar las condiciones de exclusión. No es sólo asunto de mejorar el ingreso y/o prestar mejor algún servicio. Se reconoce la exclusión como un problema histórico, y se busca establecer y/o reestablecer la condición de ciudadanía.
A diferencia de políticas previas, e incluso de la perspectiva sobre lo social de orientaciones tradicionales, el peso fundamental del cambio se ubica en el ciudadano organizado y su comunidad, en su capacidad de tomar las decisiones y asumir las responsabilidades que requiere la solución de sus graves problemas.
Sin embargo, al trasladarnos a la realidad de los sectores y movimientos populares en Venezuela en las últimas décadas, es obvio que la relación entre los dos sujetos de la transformación societal, valga decir, el Estado y el ciudadano organizado y su comunidad, es desigual.
El Estado venezolano cuenta con un conjunto de recursos financieros, insritucionales y organizarivos, que lo colocan en una posición de ventaja económica y política en relación con los sectores populares, con lo que corre peligro la autonomía de ciudadanos y comunidades organizadas frente a las directrices y/o presiones del Estado en el proceso de transformación.
El movimiento popular, al iniciarse este nuevo proyecto político, estaba postrado, desorganizado y sus miembros severamente golpeados por casi dos décadas de política económica neoliberal. Más aún, el movimiento popular previo al gobierno de Chávez, aunque existente, carecía de base orgánica, tradición o articulaciones entre sí, que le dieran alguna fortaleza para actuar con autonomía y tomar iniciativas frente al poder del Estado.
Escaso, poco organizado, disperso y fragmentado, el movimiento popular previo va a comenzar a convivir a partir de 1999 con las múltiples organizaciones populares que han sido estimuladas desde el gobierno a través de las diversas políticas y programas sociales que señalamos arriba.
Sociólogos como Edgardo Lander (2004), sostienen que si bien era natural que el Estado impulsara la movilización y organización de sus bases de apoyo, la desigual relación inicial abre al menos dos direcciones hacia donde se puede dirigir la transformación de la sociedad.
La primera, la más fácil, es que se vuelva al patrón cliente-lar y paternalista, como ha sucedido incontables veces con el populismo latinoamericano y en particular con el populismo venezolano del siglo XX, encarnado principalmente en el partido AD.
El Estado en este escenario, controla y coloniza a la sociedad y al movimiento popular. Puede darse tanto organización como movilización y avance social, pero la autonomía brilla por su ausencia, debilitándose la capacidad de contraloría social y la generación de sentimientos de eficacia por parte de la gente.
Quien decide las prácticas y sus orientaciones es la cúpula del Estado que asigna recursos, en la figura de los funcionarios en los puestos clave de las instancias de gestión pública. No se promueve la autogestión y la independencia, sino la aceptación pasiva de la tramitación burocrática de los recursos públicos. No hay contraloría social real, no hay transparencia, se abren facilidades para la corrupción. Esta vía es autoritaria en esencia, es una historia conocida y repetida hasta el cansancio en la Venezuela del siglo XX.
La segunda vía o paradigma según Lander sería la participativa y democrática. Implicaría el estímulo sostenido por parte del Estado a la mayor pluralidad de organizaciones sociales y productivas, el respeto a sus desarrollos para que avancen con mayores niveles de participación autónoma en la gestión pública y adquieran crecientes capacidades de control sobre esta.
Es requisito imprescindible para esta vía la creación de densidad organizativa, la constitución de niveles intermedios de articulación de las organizaciones populares, también autónomos, que sirvan de mediaciones entre sociedad y Estado, y que fortalezcan el poder del movimiento popular como interlocutor de las instancias de gestión pública, garantizando su capacidad de contraloría.
Otra condición crucial para este escenario deseado es la institucionalización creciente de las instancias de gestión pública para garantizar arraigo, continuidad, criterios de universalidad en el acceso a los derechos y recursos, y capacidad de contraloría pública real.
Una mirada al desarrollo de los múltiples instrumentos de política social que se ha dado durante el gobierno de Chávez constata en la actualidad una dinámica de movilización y organización popular con escasos antecedentes en la historia del país. CTU, Comités de Salud, MTA, cooperativas, organizaciones comunitarias autogestionarias de vivienda, CTR, mercalitos, etc., han crecido en número y cobertura a lo largo y ancho del país (ver cifras, entre otros, en los informes anuales de PROVEA).
El entusiasmo participativo de sectores antes excluidos, para acceder a políticas y recursos que les ofrecen oportunidades de superar sus graves problemas de exclusión económica, social o cultural, se ha venido acentuando y extendiendo en todo el país, sobre todo a partir de 2003, cuando el Estado logró el control sobre la industria petrolera y pudo poner en marcha su reforma de la política petrolera, con el consiguiente aumento del ingreso fiscal para financiar las más diversas iniciativas de políticas sociales.
Esta dinámica se ha traducido en algunos esfuerzos de coordinación entre organizaciones populares, así como en la creación de espacios intermedios, como en el caso de Conexión Social para el Poder Popular (2004) o en el de los Consejos Comunitarios de Agua. Sin embargo, el entusiasmo participativo y organizativo no siempre ha implicado mayor autonomía en la movilización y organización popular.
No existe información sistemática y/o confiable que permita evaluar hoy con justeza hacia cuál de las dos vías se dirige la dinámica del movimiento popular desatada en el proceso bolivariano.
Parece, sin embargo, muy problemática la escasa valoración, y consecuente inacción, que manifiestan los dirigentes y partidos del gobierno por establecer de manera sostenida un proceso de institucionalización de instancias nuevas de política social.
Tal es el caso de las misiones, que se han venido creando como salida a la inoperancia o franca oposición de las instituciones de política social tradicionales del Estado, pero que hasta la fecha no son reguladas por instrumentos legales, ni existen procedimientos claros para su auditoria y rendición transparente de cuentas.
En casos, por ejemplo, como la misión Mercal, creada para encargarse de la comercialización y distribución de alimentos para los sectores populares, y gestionada por el sector militar, las denuncias de corrupción se multiplican, sin que ninguna logre culminar con resultados de investigación que disipen las sospechas o sancionen a los culpables.
Otras denuncias frecuentes señalan discriminación política hacia organizaciones populares en el acceso micro créditos dentro de políticas de apoyo a la economía social, por haber, por ejemplo, mostrado acciones u opiniones políticas contrarias al gobierno, o más simplemente, no mostrar su apoyo.
Otro punto crucial se refiere a la viabilidad financiera de estas políticas. No cabe duda de que el gobierno venezolano ha contado en los últimos dos años con ingresos fiscales extraordinarios que le han permitido financiar esta estrategia multidimensional para atacar el problema de la exclusión social con miras a su resolución.
¿Son, sin embargo, sustentables económicamente estas políticas? Existen tendencias en la composición del ingreso fiscal que presentan un cuadro de difícil lectura (Magallanes, 2005):
- Ha venido disminuyendo formalmente la presión tributaria sobre los venezolanos en general, al recuperarse el ingreso fiscal petrolero, no sólo por la vía de los ingresos extraordinarios, producto del alza de los precios del barril en el mercado internacional, sino también por la reforma fiscal petrolera, que asegura para el Estado unos ingresos mayores y más estables que en el pasado.
- Ha venido disminuyendo lentamente el
impuesto masivo indirecto (IVA), lo que también alivia la presión sobre
los precios en la población de menores recursos. La disminución del uso
de los tributos indirectos también se debe al recurso del ingreso
extraordinario sobre todo de origen interno, particularmente la
disposición de los recursos depositados en el Fondo de Inversión de
Estabilización Macroeconómica (FIEM) asociados al incremento de los
ingresos petroleros en períodos previos, y a las utilidades del BCV,
asociadas a su vez a la devaluación de la moneda. A ello se agrega la
reciente modificación de la Ley del Banco Central mediante la cual
pueden ahora retirarse las llamadas reservas internacionales
excedentarias.
- El Estado ha mejorado su sistema de recaudación y en los últimos meses ha informado cifras récord en el combate a la evasión fiscal. El predominio de este esquema de financia-miento público ha disminuido la presión fiscal sobre la sociedad en general, aunque sin mejorar la progresividad del esquema de financiamiento del gasto público. También ha hecho más vulnerable el gasto fiscal a los ingresos petroleros, lo que pone en una situación de inestabilidad financiera las políticas sociales.
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